Grandes propietarios, okupas y una ley migratoria “racista”: los acuerdos que exige Junts y que son incompatibles con la mayoría del Gobierno

Junts per Catalunya trata de exprimir al Gobierno de Pedro Sánchez a cambio de levantar su veto parlamentario. “Hemos demostrado que esos incumplimientos tienen repercusiones, y que esta es la única manera de obtener cosas”, afirmó este miércoles la portavoz Míriam Nogueras. El cierre reta la formación de Carles Puigdemont, seguirá hasta que el Gobierno “cumpla con todos los acuerdos” y recuerdan que sus votos son clave para sacar las votaciones importantes que debe encarar el Ejecutivo de coalición al inicio del año (los presupuestos entre ellas).

La condición que pone el partido de Puigdemont, no obstante, no es sencilla de llevar a cabo y menos en un mes —tiempo que ha deslizado este miércoles Nogueras—. Primero, porque algunas de las cuestiones no dependen de la voluntad del Gobierno, ni siquiera del resto de grupos parlamentarios, como es la oficialidad del catalán en la UE, que debe votarse por unanimidad entre los Veintisiete y ya ni siquiera consta en la agenda como un asunto prioritario.

Segundo, porque si Sánchez se acerca demasiado a Junts, significaría enfadar a ERC y la coalición Sumar. En definitiva, el PSOE está atrapado porque no puede contentar a todos. Y un paso en puede poner en guerra a sus aliados.

Contra los okupas y ayudas a propietarios

A los socios progresistas, más fiables a lo largo de la legislatura, les preocupa el viraje a la derecha que pueda tomar Sánchez en materia de vivienda para satisfacer al partido de Puigdemont y la patronal catalana. Un ejemplo es la ley de Junts para desalojar a okupas en 48 horas y acotar la suspensión de los desahucios a familias vulnerables. Los de Puigdemont plantean reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para poder establecer una medida cautelar urgente de desalojo cuando se interponga la correspondiente denuncia y defienden que la recuperación posesoria se produzca en un plazo máximo de dos días sin que las alegaciones de vulnerabilidad permitan dilatar el proceso.

La ley fue admitida a trámite por la mayoría socialista en el Congreso, que asumió que la norma “eras susceptible a cambios” y anunció que añadirán enmiendas al texto de los independentistas porque sostienen que “los datos no corroboran”. Se encuentra metida en un cajón del Congreso, atascada tras más de 60 prórrogas desde hace más de un año, y todavía no se ha sometido a votación.

Los de Carles Puigdemont sostuvieron entonces que el PSOE se comprometió a respaldar la norma, que podría salir adelante también con el apoyo del PP. Sin ir más lejos, el presidente Alberto Núñez Feijóo presentó este mismo miércoles una estrategia para aumentar la seguridad que incluía esta normativa. Pero Podemos ha mostrado su firme rechazo a la norma porque consideran que es ceder ante “la agenda antiderecho a la vivienda”.

Los socios de gobierno han mostrado recelos con otras medidas que Sánchez tiene pensado aprobar la semana que viene, como las ayudas públicas a los propietarios ante el riesgo de impago de jóvenes o familias vulnerables. Las primeras críticas llegaron desde los sectores de Sumar, que consideran que es una “fórmula equivocada”. “La solución a la vivienda pasa por medidas contra la especulación e intervención del mercado y no por facilitar ayudas a los grandes propietarios", señalan.

La multirreincidencia divide al PSOE, aunque no está obligado a posicionarse

Otra ley que divide a la política española es la ley contra la multirreincidencia, que plantea una reforma del Código Penal para endurecer las penas a los que comenten delitos reincidentes. Tanto PP como Junts presentaron sendas iniciativas legislativas y la segunda de ellas avanzó con el respaldo del PSOE, lo que parecía allanar el camino para una posible aprobación parlamentaria. PP, Vox y Junts coinciden en castigar la multirreincidencia, mientras que Sumar, ERC, Bildu, Podemos y el BNG se oponen.

La aritmética parlamentaria es tan caprichosa que cabría la posibilidad de que el PSOE no tuviese ni que posicionarse. Porque los votos del bloque de derechas, esto es, PP, Vox y Junts, suman 177 escaños. Lo cierto es que este tema ha generado división dentro de los socialistas. Por ejemplo, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defendido siempre una respuesta más contundente frente a la multirreincidencia, mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado su disposición a revisar de nuevo el Código Penal.

Las competencias migratorias y un empate técnico

El traspaso de competencias a la Generalitat de Cataluña es, junto a la aplicación de la ley de amnistía, el acuerdo clave para los de Puigdemont. El primero solo dependerá de lo que dicte la Justicia, porque desde el Gobierno está todo hecho. El segundo, no obstante, no convenció a los aliados de Sánchez en su primer trámite parlamentario y la última votación acabó en derrota con 173 a favor y 177 votos en contra, entre ellos, dos diputados de Sumar y los cinco de Podemos.

Precisamente la formación morada ha sido la formación más crítica con esta delegación de competencias porque la considera una “ley abiertamente racista” que responde a la pugna entre la ultraderechista Aliança Catalana y Junts. “La inmigración no es un riesgo para la cohesión social, lo que es un riesgo para la convivencia son los racistas de Vox”, advirtió la formación morada. No hace falta mencionar que a esta ley orgánica se opondrán incondicionalmente PP, Vox. Pero sí es reseñable apuntar que, aunque el PSOE consiga centrar el sentido de voto de todas las fuerzas que componen Sumar, si Podemos no da su brazo a torcer, volvería a decaer la norma por empate técnico.