La OCDE advierte: los actuales programas de vivienda social y el tope al alquiler no bastan para frenar los precios

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) vuelve a situar el acceso a la vivienda como uno de los principales desafíos estructurales de la economía española y reclama un giro más ambicioso en las políticas públicas en su último informe sobre la situación financiera del país. Su mensaje central es que España no podrá contener la escalada de precios ni reducir la presión sobre los inquilinos más vulnerables si no incrementa de forma sustancial la oferta de vivienda asequible y corrige los bloqueos administrativos que frenan la construcción.

En primer lugar, la OCDE exige expandir de manera significativa el parque de vivienda social y asequible, que en España representa apenas el 3% del total del parque inmobiliario, una de las cifras más bajas de Europa y muy por debajo del promedio de la UE. El organismo señala que los programas impulsados en los últimos años, como el Plan Estatal de Vivienda, el Plan para la Promoción de Vivienda Social y el PERTE para Vivienda Industrializada, si bien son avances bienvenidos, siguen lejos de cubrir el déficit estimado de 1,5 millones de unidades necesarias para alcanzar la media europea.

Además, el informe de más de 130 páginas insiste en la importancia de introducir mecanismos claros y transparentes para asignar estas viviendas, basados en criterios de renta y en la situación socioeconómica de los solicitantes, y de revisar periódicamente la elegibilidad de los inquilinos. Según el organismo, estos controles son esenciales para garantizar un uso eficiente de los recursos públicos, evitar que las viviendas subvencionadas se desvíen hacia quienes podrían acceder al mercado libre y asegurar que las unidades construidas realmente beneficien a los hogares más vulnerables.

También subraya que la escasez de suelo urbanizable y los largos procesos administrativos limitan la capacidad de aumentar de manera rápida la oferta, por lo que la expansión del parque social debe ir acompañada de reformas legales y de planificación urbana que agilicen la construcción y reduzcan la incertidumbre para inversores y promotores.

Reformas en el marco regulatorio

En el mercado de alquiler, la OCDE reconoce la intención del Gobierno español de contener precios en las zonas más tensionadas mediante los topes impuestos a los precios de la renta y la introducción de un nuevo índice de referencia que reemplazará los ajustes según el IPC a partir de este año. Sin embargo, el organismo advierte que estas medidas, si se aplican de forma estricta y aislada, pueden reducir la oferta disponible, ya que algunos propietarios podrían retirar sus viviendas del mercado o optar por alquileres turísticos de corta duración.

Además, el ‘think tank’ subraya que la presión sobre los hogares de menores ingresos no se aliviará si no se acompaña de un aumento sostenido de la vivienda social y asequible, cuyo parque actual apenas representa el 3% del total en España, muy por debajo de los estándares europeos. Por ello, el organismo recomienda establecer un marco regulatorio equilibrado, que combine protección al inquilino, incentivos a los propietarios para mantener su oferta en el mercado y políticas que amplíen de manera significativa la vivienda social, garantizando así tanto el acceso asequible como la seguridad jurídica para la inversión privada.

También reclama una reforma en profundidad del marco fiscal, con actualizaciones regulares de valores catastrales y una reducción de impuestos que podrían distorsionar el mercado, como el de transmisiones patrimoniales. Insiste en que cualquier nueva medida tributaria debe contar con criterios transparentes y mecanismos de seguimiento. Por último, la OCDE pide acelerar la planificación urbanística y modernizar trámites que actualmente ralentizan la construcción de nuevas viviendas, apostando por procesos más ágiles y por la industrialización del sector.

Un mercado tensionado y una oferta escasa

Las advertencias de la OCDE llegan en un momento especialmente tenso para el mercado de la vivienda en España. Los precios de compra han retomado una senda ascendente impulsados por la falta de oferta nueva y por el auge de la demanda en ciudades y zonas costeras. El alquiler, por su parte, vive el periodo más restrictivo desde la burbuja: la oferta disponible se ha reducido de forma notable en los últimos años mientras la población joven, las personas migrantes y los hogares con menor capacidad adquisitiva dependen cada vez más de este mercado.

El Gobierno ha desplegado medidas para aliviar la presión, desde el bono joven hasta el impulso del Plan Estatal de Vivienda o los anuncios de grandes operaciones públicas en suelo propio. Sin embargo, la OCDE señala que, pese a estos esfuerzos, el parque de vivienda asequible sigue siendo insuficiente y la coordinación entre administraciones resulta débil. Además, las reformas regulatorias más recientes han generado un clima de incertidumbre entre propietarios y promotores que, según el organismo, limita la entrada de nueva oferta.

Si las reformas se aplazan, la OCDE advierte que la tensión en el alquiler persistirá y que el acceso a la vivienda podría convertirse en un freno para la movilidad laboral y el crecimiento económico. El reto, concluye el organismo, no es solo social: es también económico y de competitividad.