Un arquitecto advierte sobre el riesgo de los edificios antiguos: la vivienda se puede “convertir en un lastre” si no se invierte en su mantenimiento y restauración

La vivienda propia siempre ha ocupado un lugar especial en la cultura española. Para muchas personas, representa un proyecto de vida y un escudo contra la incertidumbre. Pero la realidad de miles de hogares empieza a verse amenazada por un fenómeno cada vez más evidente: el envejecimiento del parque inmobiliario nacional, sumado a la ausencia de una estrategia de mantenimiento y adaptación a los tiempos. Este escenario plantea un interrogante de peso: ¿Puede la propiedad de la vivienda pasar a convertirse en un problema, y no en una garantía?

El arquitecto Jordi Martí ha abierto el debate en redes sociales desde su canal de TikTok, donde ha compartido sus impresiones sobre el estado de muchos edificios construidos en España. En uno de sus vídeos más recientes, plantea: “Hay muchos edificios que se construyeron hace más de 50 años que se van a convertir en un lastre para las familias si no hacen algo ahora”. Martí subraya el fuerte componente identitario que tiene ser propietario en este país y cómo la expectativa de un futuro seguro ligada a la vivienda podría quebrarse si persisten los actuales problemas estructurales.

Las carencias suelen hacerse evidentes en muchos puntos clave de los inmuebles antiguos: fachadas que no aíslan del frío o del calor; instalaciones eléctricas, de fontanería o gas que han quedado fuera de norma; sistemas de calefacción y agua caliente obsoletos y con bajo rendimiento; y gastos de mantenimiento generales que, lejos de estabilizarse, aumentan sin freno. Este conjunto de factores, explica el arquitecto, se traduce directamente en un incremento sostenido de los gastos domésticos: electricidad, gas, derramas para las comunidades, arreglos imprevistos... Todo ello puede erosionar el balance económico familiar.

“Puede salir muy mal si no paran de aparecer derramas”

No se trata de un problema que afecte solo a unos pocos. Las cifras publicadas por el Ayuntamiento de Barcelona permiten calibrar el alcance: casi el 87 % del total de edificios de la capital catalana fueron levantados antes de 1982, lo que en números absolutos equivale a unos 53.100 inmuebles. Una abrumadora mayoría de estos edificios no cuenta con el tipo de aislamiento térmico ni con las especificaciones técnicas requeridas por las normativas actuales. Esto no solo genera incomodidad y sobrecostes para los residentes, sino que afecta a la propia valoración de las viviendas en el mercado inmobiliario. Cuando una propiedad muestra síntomas evidentes de desgaste o deficiencias energéticas, su precio tiende a descender y la demanda se reduce. Martí advierte: “Uno intenta ser propietario para asegurarse un futuro mejor, es algo muy cultural en España, pero esto le puede salir muy mal si no paran de aparecer derramas elevadísimas, gastos de electricidad, de gas...”.

Estos desafíos obligan a repensar la gestión de los edificios. Martí sostiene que muchas veces se aborda la vivienda desde una perspectiva estática, como si fuera un bien inalterable, y no como un organismo vivo que necesita cuidados continuos, reformas inteligentes y una administración eficaz. Los buenos administradores, según su visión, actúan antes de que el deterioro avance, aportan soluciones con criterios sostenibles y logran que el inmueble, en vez de perder valor y generar gastos crecientes, se mantenga como una inversión eficiente a largo plazo.

En este contexto, los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -más conocidos como Next Generation EU - representan una oportunidad inédita para modernizar el parque inmobiliario español. Estas ayudas, que se gestionan desde las comunidades autónomas, pueden cubrir entre el 40 % y el 80 % del costo total de la rehabilitación energética de un edificio. Alivian así una parte muy relevante de la carga económica que normalmente recae sobre los propietarios. Entre los objetivos prioritarios de estas subvenciones figuran las intervenciones en aislamiento térmico, la sustitución de sistemas ineficientes por otros modernos y menos contaminantes y la reducción del consumo energético de las viviendas. No se trata únicamente de ahorrar, sino de anticipar problemas mayores, reducir el gasto a las familias y alargar la vida útil de los edificios.

El diseño de estos programas aspira a que la modernización no quede en manos solo de quienes pueden afrontar grandes derramas o costosas reformas. El papel de la administración resulta clave para acompañar, asesorar y facilitar el acceso a las ayudas, orientando a los propietarios hacia las intervenciones que tienen mayor impacto en sostenibilidad y ahorro. Es una apuesta por la eficiencia energética y, también, por el mantenimiento del valor patrimonial de las familias.