Telefónica culmina su ERE con más de 6.000 afectados, el 35% de su plantilla, tras cerrar todas las mesas de negociación

Telefónica ha completado este martes el proceso de negociación para su expediente de regulación de empleo (ERE) que, en total, afectará a 6.088 trabajadores de varias de sus filiales. Esta cifra, que representa el 35,3% de la plantilla de las compañías implicadas, según han informado los sindicatos, se confirma tras haber constituido todas las mesas de negociación entre ayer, lunes, y hoy.

Así, el ERE afecta a distintas entidades de la operadora española. Telefónica de España lidera la lista con 3.649 personas, seguida por Telefónica Móviles con 1.124, Telefónica S.A. con 378, Movistar+ con 297, Telefónica Innovación Digital con 233, Telefónica Soluciones con 267 y Telefónica Global Solutions con 140 trabajadores. La proporción de empleados afectados de cada una varía según la filial, desde el 21,9% hasta superar el 41% en algunos casos.

Aunque las cifras iniciales son elevadas, cabe recordar que las afectaciones de los EREs tienden a reducirse a medida que avanzan las conversaciones entre las empresas y los representantes de los trabajadores.

Los sindicatos rechazan los despidos colectivos y apuestan por alternativas

Desde UGT y CCOO han manifestado su rechazo a la necesidad de recurrir a despidos colectivos como método de ajuste en la organización de la compañía. En un comunicado conjunto, las dos organizaciones consideran que no existe justificación suficiente para optar por esta vía que implica la pérdida de empleo para miles de trabajadores. “Nuestra prioridad, por tanto, será preservar el empleo y las condiciones de quienes hoy forman parte de esta empresa, garantizando que cualquier medida que se adopte sea fruto del diálogo, del consenso y del respeto”, explican en el escrito.

Así, los sindicatos subrayan que existen alternativas viables, tanto en el ámbito laboral como en la organización interna del trabajo, que deben explorarse antes de aceptar cualquier despido. Su objetivo principal es preservar los puestos de trabajo y las condiciones de quienes actualmente forman parte de la empresa. Además, insisten en que cualquier proceso de salida debería ser voluntario, priorizando prejubilaciones y medidas aplicables de manera general a toda la plantilla.

De igual manera, ambas agrupaciones advierten de que “no aceptaremos acuerdos parciales”. UGT y CCOO reclaman que las siete mesas de negociación relacionadas con los despidos colectivos, así como las prórrogas de los convenios colectivos de las distintas sociedades del grupo, “deben avanzar de forma coordinada y cerrarse simultáneamente para garantizar acuerdos que podamos respaldar”. Según los sindicatos, esta estrategia es clave para garantizar acuerdos que puedan apoyar plenamente.

Trabajo califica de “indecente” el ERE y genera divergencia en el Gobierno

El Ministerio de Trabajo, por su parte, ha adoptado una postura muy crítica respecto al proceso que afecta a la compañía, en la que el Estado posee un 10% a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)

La cartera dirigida por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, considera que el expediente de regulación de empleo en marcha es “indecente”. Así lo refleja en una carta enviada por el Ministerio a la SEPI este martes, en la que se subraya que resulta inaceptable que una empresa con beneficios y participada con recursos públicos decida despedir a más de 6.000 personas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Díaz ha reiterado que “el dinero público no está para despedir a nadie, por muy buenas que sean las condiciones del ERE”. La ministra ha recalcado que no comparte que una empresa beneficiada por fondos públicos decida prescindir de miles de trabajadores y trabajadoras, destacando que ella misma ha trasladado esa postura a la presidenta de la SEPI.

“Esa empresa tiene beneficios y está participada con los recursos públicos de los españoles y las españolas y se está decidiendo que miles de trabajadores y trabajadoras se vayan a la calle, por tanto, mi posición es conocida”, ha concluido la ministra.

Un ERE enmarcado en el plan estratégico 2025-2030

Este nuevo ERE se integra en el plan estratégico que Telefónica presentó a comienzos de este mes, con el objetivo de generar ahorros por unos 3.000 millones de euros de cara a 2030 (2.300 millones de euros para 2028), incluyendo partidas relacionadas con personal. Los plazos de comunicación a los sindicatos permiten que el acuerdo definitivo pueda cerrarse antes de que finalice el ejercicio fiscal actual o a comienzos de 2026, de modo que su impacto quede reflejado en las cuentas posteriores.

El último ERE de Telefónica, cerrado en enero de 2024, se planteó en un principio para 5.124 bajas y terminó con 3.420 salidas, un 33% menos que la propuesta inicial. En aquel proceso, el coste total para la compañía fue de aproximadamente 1.300 millones de euros antes de impuestos, con una indemnización media por trabajador de unos 380.000 euros, inferior a la de ejercicios anteriores. Sin embargo, el ahorro anual derivado de ese ERE se situó en torno a 285 millones de euros.

*Con información de agencias.