El Gobierno propone a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado

El Consejo de Ministros de hoy iniciará el proceso para nombrar a Teresa Peramato Martín como nueva fiscal general del Estado, a propuesta del Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Peramato tiene una dilatada carrera con 35 años de ejercicio y actualmente es Fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, además de Fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal.

Sin embargo, el punto fuerte de su trayectoria ha sido en la lucha contra la violencia de género. Según el Ministerio de Justicia, es considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en esta materia.

En 2005 fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid, fue miembro del Grupo de Expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer para la elaboración del Primer Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (2007) y ha ocupado el cargo de Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer entre 2021 y 2025. La comunicación coincide con el 25N, 'Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer’.

De esta manera, Peramato se convertirá en la cuarta persona que ocupe este puesto desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en junio de 2018. Antes de Álvaro García Ortiz estuvieron María José Segarra y Dolores Delgado, que también dimitió, aunque en su caso, por problemas de salud.

La renuncia de Álvaro García Ortiz

El Gobierno no ha querido perder el tiempo desde que ayer mismo García Ortiz presentara su renuncia ante el Ministerio de Justicia con una carta tras su condena del pasado jueves por revelación de datos reservados.

En este escrito indicaba que “esta decisión judicial, antes que cualquier otra consideración, implica que el más alto tribunal de la jurisdicción ordinaria de nuestro país ha acordado imponerme la pena de inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado, tras valorar como delictivos, a falta de mayor concreción, los hechos objeto de enjuiciamiento".

“El profundo respeto a las resoluciones judiciales y la voluntad —siempre presente en mi mandato— de proteger a la Fiscalía española y a sus fiscales determinan mi decisión de que, sin esperar siquiera a conocer la motivación de la sentencia, presente mi renuncia como Fiscal General. Es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española", añadía.

El proceso que deberá seguir

Ya superada la propuesta formal del Ejecutivo, en la que el Gobierno ha decidido a su candidato, esta propuesta se remite ahora al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que deberá emitir un informe sobre la idoneidad de Peramato en el cargo. Se trata de un dictamen preceptivo pero no vinculante, lo que significa el Ejecutivo puede seguir adelante aunque el órgano de gobierno de los jueces exprese objeciones, como ha sucedido en otras ocasiones recientes. Este informe, aun sin capacidad decisoria, suele marcar el tono del debate jurídico y político que acompaña al nombramiento.

Con el dictamen del CGPJ ya emitido, o tras esperar el plazo legal en caso de que no se pronuncie, la candidata tendrá que comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. No se trata de una votación ni de un trámite de ratificación, pero sí de una sesión pública en la que el aspirante expone sus líneas de actuación y responde a las preguntas de los grupos parlamentarios, que suelen aprovechar la comparecencia para fijar posición y cuestionar la independencia del futuro fiscal general.

Superado este trámite, el Gobierno tendrá que elevar al Rey la propuesta de nombramiento de Peramato. La designación se formalizará entonces mediante real decreto y se publicará en el BOE, momento en el que la nuevo fiscal general tomará posesión y asumirá el mando de la carrera fiscal.