Del ‘no’ del Congreso al BOE: el Gobierno rescata por su cuenta parte del decreto ‘antiapagones’

El Ejecutivo ha dado luz verde este martes a un nuevo real decreto con medidas urgentes para reforzar el sistema eléctrico. Muchas de ellas ya estaban incluidas en el conocido como decreto antiapagones, que fue derogado en julio tras el rechazo del Congreso. La diferencia, en esta ocasión, es que el nuevo texto tiene un rango normativo inferior, por lo que no es necesaria su votación parlamentaria para entrar en vigor.

Con esto, el Gobierno pretende fortalecer la resiliencia del sistema eléctrico, impulsar la transición ecológica y garantizar un mayor control sobre la red. Para ello, el decreto se centra en tres grandes ejes: fomentar el almacenamiento energético, acelerar la electrificación de la economía y renovar instalaciones obsoletas mediante la repotenciación, que se presenta como la principal novedad.

Repotenciación y hoja de ruta

El concepto de repotenciación, incluido en la normativa europea, hace referencia a la modernización de instalaciones de generación eléctrica mediante nuevas tecnologías. Con esta medida, el objetivo del Ejecutivo es incrementar la eficiencia y la capacidad de producción sin necesidad de ocupar nuevos terrenos o construir infraestructuras desde cero.

Este real decreto ordena la elaboración, en un plazo de nueve meses, de una hoja de ruta nacional para promover este proceso. Ese documento fijará objetivos estratégicos alineados con los compromisos europeos y recogerá medidas técnicas, regulatorias y financieras destinadas a facilitar la sustitución de equipos y a atraer inversión hacia la renovación del parque energético existente.

Refuerzo del control y la supervisión

El texto también dedica un bloque relevante a la mejora de la supervisión del sistema eléctrico. Se ampliarán las funciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para controlar las obligaciones de tensión de los agentes del sector, y elaborar informes públicos trimestrales sobre la estabilidad de la red.

Además, la CNMC pondrá en marcha un plan extraordinario de inspección sobre la capacidad de reposición del suministro, que se repetirá cada tres años. Por su parte, Red Eléctrica de España (REE), el operador del sistema, tendrá la responsabilidad de elaborar propuestas normativas para corregir posibles oscilaciones de potencia o variaciones de tensión. También deberá establecer un protocolo para monitorizar incidentes y coordinar los planes de desarrollo de las redes de transporte y distribución.

Las primeras sugerencias técnicas de REE deberán presentarse en un plazo de entre tres y seis meses, y las reformas que se deriven de ellas deberán aprobarse antes de seis meses por parte de las autoridades competentes.

Impulso al almacenamiento y la electrificación

Otro de los pilares del decreto es el fomento del almacenamiento de energía, considerado esencial para garantizar la estabilidad del sistema, en un momento en el que crece el peso de las energías renovables. El objetivo del Gobierno es alcanzar una potencia instalada de 22,5 gigavatios (GW) en 2030.

Para avanzar hacia esa meta, la norma prioriza la instalación de módulos de almacenamiento en terrenos donde ya existan plantas de generación, con el fin de aprovechar infraestructuras existentes y reducir el impacto ambiental.

En paralelo, el decreto busca acelerar la electrificación de la economía, especialmente en el ámbito industrial. Para ello, fija una caducidad de cinco años para los derechos de acceso y conexión a la red eléctrica otorgados a nuevos proyectos de demanda, evitando así el acaparamiento o la especulación con esos permisos.

Las compañías distribuidoras, además, tendrán que acortar los plazos de respuesta cuando se les solicite la ampliación de la red, algo especialmente relevante para la expansión de los puntos de recarga de vehículos eléctricos, una de las prioridades del Ejecutivo dentro de su estrategia de descarbonización.

Un trámite rápido para recuperar medidas

La aprobación de este decreto se produce tras un proceso de tramitación urgente iniciado el pasado 31 de julio por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El objetivo era reactivar algunas de las disposiciones que se habían quedado en el aire tras la caída del decreto antiapagones, rechazado por el Congreso con los votos en contra de PP, Voz, Junts, Podemos, BNG y CHA.

Ahora, esas mismas medidas se aprueban mediante un instrumento jurídico que no requiere el aval parlamentario, lo que permite al Gobierno ponerlas en marcha de forma inmediata. Con ello, el Ejecutivo busca garantizar la seguridad del suministro eléctrico y avanzar en la transición energética sin depender de los equilibrios políticos en la Cámara Baja.