José Luis Ábalos está a la espera de si le tocará entrar en prisión por el caso Koldo, y mientras permanece en libertad, ha decidido ponerselo un poco complicado al Gobierno y, en concreto, a su sucesor en el ministerio de Trasportes, Óscar Puente. El diputado, ahora del Grupo Parlamentario Mixto en el Congreso de los Diputados, ha presentado dos preguntas escritas al Gobierno de España- Una de ellas señala presuntas irregularidades en la Autoridad Portuaria de Valencia. La otra es el impacto de una reciente visita de dirigentes del Partido Popular en un operativo policial contra el narcotráfico en el barrio de El Cabral, en Vigo. Los escritos han sido registrados este 24 de noviembre y se basan en denuncias y publicaciones recientes de carácter político y judicial.
La primera de las cuestiones planteadas por Ábalos solicita al Ejecutivo que aclare la política de gestión y liquidación de dietas e indemnizaciones establecida por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV). Según el propio escrito, la actual presidenta del puerto habría cobrado ventajas económicas utilizando el mismo régimen que se aplica al personal excluido de convenio, práctica que resulta incompatible con las condiciones legales para los altos cargos según la Ley 3/2015 y el Real Decreto 462/2002. El importe de dietas supuestamente irregulares se cifra en unos 15.000 euros asociados a varios viajes de trabajo, según la consulta registrada.
El diputado también plasma en su comunicación otras prácticas susceptibles de investigación, como la adjudicación de contratos de asesoría jurídica, la celebración de concursos públicos que no llegaron a buen término y la designación de cargos directivos en condiciones irregulares. Se apunta la contratación fallida de un bufete de abogados por 160.930 euros, motivo de advertencia por parte de la autoridad reguladora, así como la aprobación de plazas directivas para personas sin el título académico requerido.
En su pregunta escrita, Ábalos solicita al Gobierno información sobre la situación actual de la Autoridad Portuaria de Valencia, sobre las medidas que Puertos del Estado pueda adoptar y sobre si el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible encargará una auditoría para delimitar el alcance de las presuntas irregularidades. El diputado ha reclamado también que el Ejecutivo precise si se han iniciado actuaciones ante las denuncias formuladas y cómo garantizará la transparencia en la gestión del ente público.
Operación contra el narcotráfico en Vigo
La segunda pregunta registrada por Ábalos tiene relación directa con las declaraciones recientes del subdelegado del Gobierno en Pontevedra sobre el operativo policial contra el narcotráfico que la Comisaría de Vigo preveía desarrollar en el barrio de El Cabral, y que habría resultado perjudicado por la visita de tres dirigentes del Partido Popular el pasado 17 de noviembre. Según la denuncia formulada en sede pública, la presencia de Ana Vázquez, Irene Garrido y Luisa Sánchez —estas últimas diputadas y presidenta del PP en Vigo, respectivamente— habría servido como “advertencia” para los narcotraficantes, al aparecer el mismo día señalado para la actuación policial.
Según el propio subdelegado, la operación llevada por la policía nacional contaba con solicitud judicial para entrada y registro y acumulaba meses de planificación. Ábalos pregunta al Ejecutivo sobre las consecuencias que ha tenido esa visita en la labor policial, si la investigación antidroga se ha visto afectada y qué medidas adoptará el Ministerio del Interior para prevenir la alteración de futuras operaciones.
La consulta del diputado incluye la petición de que el Gobierno valore si procede la apertura de un expediente informativo sobre la actuación de las dirigentes populares señaladas y cómo piensa asegurar que no se repita una interferencia que afecte al trabajo de los agentes. El Ejecutivo deberá responder por escrito en los plazos reglamentarios a ambos escritos de Ábalos, registrados oficialmente ante la Mesa del Congreso de los Diputados.
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