El Instituto de Consumo de Extremadura (Inconex) ha abierto un expediente de reintegro contra la Asociación de Consumidores y Usuarios de Extremadura (Acuex) por compartir sus sedes y teléfonos con los del despacho de abogados del que su presidente, José Miguel Campos Parra, es director. La administración obliga así a la entidad a devolver una subvención de 60.000 euros. “Estaba financiando una actividad privada y no la actividad de la propia asociación”, señaló la presidenta de Incoex, Rosa Álvarez Fernández.
El caso, que salió a la luz tras la denuncia de Facua Consumidores, pone en el punto de mira al presidente de Acuex, que es también director de Derecho Abogados, un despacho con sede en Cáceres y Alcuéscar que entre sus actividades lleva asuntos relacionados con el fraude a los consumidores. La organización denunció que tanto sus sedes como sus teléfonos coincidían con los de la asociación. Tras ello, la autoridad de consumo extremeña determinó que su subvención estaba siendo utilizada irregularmente. Hasta hace poco, según señalan desde Facua, Acuex incluso publicitaba el despacho de abogados desde su página web.
Además de la sanción económica, Facua ha pedido a la Junta de Extremadura que Acuex sea expulsada del Consejo Extremeño de Consumidores y del Registro de Asociaciones de Consumidores por sus vínculos empresariales. Tras una consulta realizada por la asociación a través del Portal de Transparencia, la directora general del Incoex confirmó que la Asociación de Consumidores y Usuarios de Extremadura devolvió el importe íntegro directamente, sin recurrir la decisión de la Administración.
Facua denuncia amenazas por parte de Campos Parra
La asociación Facua Consumidores ha denunciado también que Campos Parra amenazó a la “entidad, sus dirigentes y trabajadores” con llevarlos a los tribunales si hacían pública la decisión de la autoridad de consumo autonómica. Según la asociación de consumidores, el presidente de Acuex intentó evitar la publicación de la información advirtiendo que interpondría “acciones penales y civiles” contra Facua y “frente a todas las personas físicas, miembros de su organización, que hayan intervenido directa o indirectamente” en dar a conocer la decisión del Instituto de Consumo de Extremadura.
Según informó Facua, su departamento de comunicación se dirigió al presidente de Acuex para verificar si se trataba de la asociación que tuvo que devolver la subvención que le fue otorgada en 2024 porque estaba financiando una actividad privada y no la actividad de la propia asociación, como desveló el 15 de octubre Álvarez Fernández, durante una comparecencia en la Comisión de Salud y Servicios Sociales de la Asamblea de Extremadura.
Tras esta consulta realizada por la asociación, según informaron desde Facua, la respuesta de Campos Parra, remitida el pasado 28 de octubre, indica que “cualquier afirmación en ese sentido carece de fundamento jurídico y podría constituir una difusión de información falsa o no verificada” y advirtió que “la publicación de contenidos que atribuyan a Acuex conductas impropias o contrarias a la legalidad, sin contar con resolución firme ni contraste previo con esta entidad, podría vulnerar gravemente nuestro derecho al honor y a la presunción de legalidad administrativa”.
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