En una propiedad de París, las constantes fiestas y los ruidos extremos en un piso han llevado la convivencia al borde del ataque de pánico y precipitado un inminente debate legal en la comunidad. Tras más de un año de reclamos infructuosos, la administración del edificio someterá a votación la posibilidad de iniciar acciones judiciales, después de que varios vecinos manifestaran haber presenciado situaciones “perturbadoras”.
“Se escuchan gritos de placer e incluso golpes de látigo”, afirma al medio Le Figaro Immobiler Gilles Frémont, presidente de la Association nationale des gestionnaires de copropriété (ANGC), una organización que representa y ayuda en Francia a algunas comunidades de propietarios. A la espera de una decisión formal respecto a la posible acción judicial, el presidente de la comunidad ha optado por inscribir el asunto en la próxima asamblea general. “La decisión será de los copropietarios. El procedimiento se decide por mayoría simple”, agrega Frémont. El presupuesto previsto para la posible querella se ha fijado en 4.000 euros, pero también existe la opción de apostar primero por una resolución amistosa.
La situación en el edificio de París, compuesto por unas 30 viviendas, ha escalado después de más de un año de quejas sistemáticas. A lo que parecen ser “orgías”, según Frémont, se añaden la música a volumen elevado, el giro permanente de una bola de discoteca durante las noches y el tránsito inusual de personas en el inmueble. Los reclamos persisten pese a recordatorios previos de las normas internas de convivencia: “El apartamento no puede ser un hotel de citas”, subrayó Gilles Frémont al medio francés.
Las dificultades para resolver el conflicto han engrosado el volumen de consultas que recibe esta asociación. “Cada vez se nos consulta más por problemas de vecindad y actos incívicos”, ha comentado su presidente. Según ha explicado, en este caso los vecinos han agotado los intentos de mediación directa y el envío de advertencias escritas para “recordar las reglas de buena vecindad”. El reglamento suele incorporar una cláusula que dice: “Los ocupantes deberán disfrutar pacíficamente y conforme a las buenas costumbres”.
El procedimiento de denuncia
No obstante, según expuso Frémont a Le Figaro Immobiler , la posibilidad de actuar judicialmente en Francia por este tema implica un procedimiento burocrático y farragoso que sólo se activa si se demuestra un daño colectivo y no un mero conflicto moral: “Para considerar que estamos frente a un perjuicio colectivo que justifique una acción dirigida por el sindicato, se requieren al menos tres reclamantes”. Pese a ello, remarcó que la ley no exige una cantidad mínima para el reconocimiento de un perjuicio colectivo, puntualizando que “la necesidad de varios reclamantes responde más a un criterio de gestión prudente que a una norma legal”.
El procedimiento de denuncia por “perturbación anormal de la vecindad” implica toda una secuencia: comunicación directa, carta formal recordando las normas y, si persiste la situación, la “puesta en mora” que suelen enviar por correo certificado, paso necesario antes de acudir a los tribunales. Si la intervención de la comunidad no prospera, los propietarios afectados pueden todavía iniciar procesos legales a título individual.
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