Desde este viernes es obligatorio evaluar los riesgos laborales de las empleadas del hogar: un nuevo paso hacia la equiparación de derechos

Aunque durante toda la tarde del jueves la web Prevención 10 del Ministerio de Trabajo permaneció inoperativa por un “ataque malicioso”, este viernes, 14 de noviembre, entra oficialmente en vigor la obligación de realizar una evaluación de riesgos laborales para todas las personas empleadas del hogar en nuestro país. Se trata de una medida histórica, que busca equiparar la protección de este colectivo con la del resto de trabajadores. El Real Decreto 893/2024, de 10 de septiembre, marca así un cambio de fondo en la regulación del trabajo doméstico.

Por primera vez, las familias empleadoras están obligadas a identificar, evaluar y documentar los riesgos laborales que puedan afectar a las personas trabajadoras del hogar, incluyendo no solo los accidente domésticos o los riesgos físicos, sino también aspectos psicosociales como la violencia o el acoso.

Una medida que cambia la relación laboral en los hogares

El objetivo es “asegurar una protección eficaz de las personas trabajadoras del servicio del hogar familiar”, según recoge la norma, que da cumplimiento a la disposición adicional 18ª de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Así, a partir de hoy, toda contratación debe ir acompañada de una ficha de evaluación inicial que se entrega a la trabajadora o trabajador junto con la información sobre las medidas preventivas adoptadas.

En caso de que la evaluación detecte riesgos, la persona empleadora deberá implementar las medidas necesarias para eliminarlos o reducirlos. Por ejemplo, la entrega de equipos de protección individual (EPI), el cambio de productos de limpieza o la adaptación de tareas durante un embarazo. Además, se deberá dejar constancia por escrito de las acciones realizadas.

La norma establece también que las evaluaciones deberán actualizarse cuando cambien las condiciones laborales o se produzca algún accidente o incidente. Asimismo, se prevé que las trabajadoras reciban formación en prevención de riesgos, certificada por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), que será validada en futuros empleos domésticos.

Cómo se realiza la evaluación: una guía paso a paso

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) habilitó una herramienta gratuita y accesible online, disponible a través del portal prevencion10.es. A través de esta aplicación, los empleadores pueden realizar la evaluación inicial. El proceso se desarrolla en unos sencillos pasos:

• Accede a la herramienta desde la página web y elige la opción “Servicio del Hogar Familiar”.
• Descripción de tareas: selecciona las actividades que realiza la persona trabajadora, como limpieza, cocina, planchado, cuidado de menores o mayores, etc.
• Identificación de riesgos: el sistema plantea preguntas sobre riesgos físicos (caídas, cortes), químicos (productos de limpieza), biológicos (contacto con residuos) y psicosociales (aislamiento, estrés o acoso).
• Propuestas de prevención: la aplicación ofrece recomendaciones y medidas correctoras adaptadas a cada situación.
• Documento final: se genera un informe que debe firmarse y entregarse a la trabajadora, informándole de los riesgos detectados y las medidas aplicadas.
• Revisión periódica: la evaluación deberá repetirse si hay cambios en las tareas, en el entorno o tras un accidente laboral.

En caso de incumplimiento, la Inspección de Trabajo podrá imponer sanciones económicas: las faltas leves pueden acarrear multas de entre 45 y 2.450 euros, mientras que las infracciones graves pueden alcanzar desde 2.451 hasta 49.180 euros, según la gravedad del caso.

Un sector esencial y todavía vulnerable

La puesta en marcha de esta obligación marca un antes y un después para un sector que sigue marcado por la precariedad. Según datos de la Seguridad Social, actualmente hay unas 340.000 personas afiliadas al Sistema Especial de Empleados del Hogar. Sin embargo, un estudio de Oxfam Intermón eleva la cifra total hasta 565.000 trabajadoras y trabajadores, lo que implica que cerca de una de cada tres opera en la economía sumergida, sin contrato ni derechos laborales plenos.

El perfil mayoritario es el de mujer extranjera, que representa el 87% del colectivo. Su salario medio ronda los 1.100 euros mensuales para una jornada completa, equivalente al salario mínimo, y un 38% declara tener dificultades para cubrir sus gastos básicos.

El Ministerio de Trabajo enmarca esta nueva obligación dentro de una política más amplia para dignificar el empleo doméstico. En los últimos años, el Gobierno ha impulsado medidas como la cotización obligatoria desde la primera hora, la cobertura por desempleo y la ratificación en 2022 del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo decente para las trabajadoras domésticas.