
La delincuencia en el sector de la construcción se ha convertido también en un problema económico en nuestro país. Según el Informe sobre el crimen 2025: el cambiante mundo de la delincuencia en la construcción, elaborado por BauWatch, el 58% de las empresas constructoras afirma que los delitos en sus obras han crecido, mientras que un 21% considera que este incremento ha sido muy relevante.
A raíz de esto, el 39% de los proyectos de construcción en España ha sufrido retrasos como consecuencia directa de robos, actos vandálicos o incidentes de seguridad. Así, estas interrupciones no solo afectan a los plazos de entrega, sino que también encarecen la construcción de los proyectos, entre ellos los residenciales, y la ejecución de infraestructuras críticas.
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El análisis, basado en una encuesta realizada a 3.900 profesionales de la construcción de diez países europeos, confirma el aumento sostenido de la actividad delictiva en España durante el último año. Esta tendencia sitúa a nuestro país en una posición intermedia frente a otros países europeos, por delante de Italia y Polonia, pero por debajo de Austria y Francia, donde los incrementos alcanzan el 71%.
La delincuencia encarece los proyectos y reduce la productividad
Una de las conclusiones más preocupantes del informe es la profesionalización de la delincuencia en la construcción. El 75% de las empresas españolas considera que los delincuentes que actúan en sus obras son “profesionales” o “muy profesionales”. Además de los robos, el 43% de las compañías ha recibido solicitudes de pago por “protección”, un tipo de extorsión que busca evitar daños o interrupciones a cambio de dinero. De estas, un 16% admitió haber pagado.
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“Las conclusiones de nuestro informe constituyen una seria advertencia para el sector de la construcción y para los responsables políticos. La delincuencia en las obras no es una molestia puntual, sino un desafío estructural con profundas repercusiones económicas”, asegura Ignacio González, director general de BauWatch España.

El impacto de estos delitos va más allá de la pérdida de materiales. Y es que más de la mitad de las empresas afectadas (56%) ha tenido que reponer elementos robados o dañados, mientras que un 20% de los trabajadores se ha visto obligado a reemplazar su propio equipo de trabajo con recursos propios. De igual manera, el 12% de los empleados ha perdido jornadas laborales por culpa de incidentes delictivos, por lo que también tienen un impacto directo en la productividad y la economía del sector.
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Delitos que frenan la vivienda y la transición energética
El análisis de BauWatch también destaca que los delitos en construcción tienen grandes consecuencias económicas para los proyectos de vivienda y las infraestructuras críticas. Entre los materiales más robados en España se encuentran el cobre (62%), herramientas pequeñas (54%) y cables (53%), elementos que son esenciales para la construcción de inmuebles, redes eléctricas y proyectos de energías renovables.
En el sector energético, los robos y actos vandálicos afectan especialmente a los parques eólicos y solares, donde un 77% de los proyectos ha sufrido robos y un 62% actos vandálicos. Estas incidencias provocan retrasos de hasta cuatro semanas en muchos casos, lo que incrementa los costes y ralentiza la conexión de nuevas instalaciones a la red, comprometiendo el avance de la transición hacia energías más limpias.
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Asimismo, el efecto económico de la criminalidad en la construcción se refleja directamente en el precio de la vivienda. Los sobrecostes derivados de robos, reposición de materiales y aumento de medidas de seguridad se trasladan al consumidor final, ya que encarece los proyectos residenciales en ejecución y contribuye a un alza en los precios en un contexto de aumento sostenido y dificultad para acceder una vivienda digna por la elevada demanda y la especulación, entre otros factores.
Sofisticación tecnológica y medidas de protección
Por otro lado, el análisis subraya que no solo ha aumentado la frecuencia con la que se cometen delitos en el sector de la construcción, sino también la sofisticación con la que se realizan. El 59% de las empresas señala un crecimiento en las tácticas profesionales, que incluyen el pirateo de sistemas de seguridad (17%), fraudes mediante inteligencia artificial (14%) y el uso de drones para vigilancia y reconocimiento (11%). Además, el 37% de los encuestados considera que las redes organizadas son responsables de esta sofisticación creciente.
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Con este escenario, las medidas tradicionales de seguridad, como guardias y vallado perimetral, son insuficientes en la mayoría de los casos. Por eso, integrar tecnología avanzada y formar al personal de seguridad podrían frenar esta tendencia. Los trabajadores capacitados en identificar riesgos y actuar ante incidentes pueden reducir la incidencia de robos y actos vandálicos. Por eso, el informe recomienda un enfoque integral que combine vigilancia física, sistemas de detección temprana y tecnología avanzada para afrontar el panorama actual.
Al final, los robos, la extorsión y la sofisticación de las redes delictivas afecta tanto a las empresas como a los ciudadanos. La acción inmediata, combinando seguridad, prevención y formación del personal, es esencial para garantizar la continuidad de los proyectos y la competitividad del sector.
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