Mamdouh Abdul D.A fue objeto de una investigación penal en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid por un presunto delito de financiación terrorista de orientación yihadista o islamista radical. Las actuaciones judiciales comenzaron en abril de 2022 tras una solicitud policial vinculada al uso de cuentas en plataformas de intercambio de criptomonedas como Binance.com y BTCTURK.COM. El tribunal ha acordado el sobreseimiento y el archivo de la causa tras constatar que, durante la investigación, no se ha podido acreditar la comisión de hechos relevantes que permitan concluir que esta persona haya materializado una actividad ilícita conforme al artículo 576 del Código Penal.
Tanto del análisis de dispositivos y registros digitales como de las comunicaciones intervenidas y los informes remitidos a la causa, no se desprende su implicación en ninguna operativa relacionada con el terrorismo. La resolución se dicta conforme a lo solicitado por el Ministerio Fiscal.
Las diligencias comenzaron el 12 de abril de 2022, a raíz de la incoación de una investigación por presunto delito de financiación terrorista. La Comisaría General de Información, a través de TEPOL y la Guardia Civil, solicitó un mandamiento judicial a la casa de cambio de moneda virtual y proveedora de servicios de custodia de monederos electrónicos Binance.com. El objetivo era obtener información sobre la titularidad y actividad asociada a una dirección de Bitcoin presumiblemente vinculada a Mamdouh Abdul D.A. Parte de las pesquisas se centró en la verificación de los datos facilitados por Binance y en el análisis de dispositivos, cuentas de correo electrónico y teléfonos móviles intervenidos.
La cuenta abierta en Binance estaba asociada a un correo electrónico de recuperación relacionado con la identidad de Abdullah Jam, pero se determinó que los dispositivos utilizados no pertenecían al investigado. Del análisis de la operativa en BTCTURK.COM únicamente se constató la gestión por Mamdouh Abdul Dayem Atasi de una operación por 5.000 dólares. El contenido de las conversaciones intervenidas y el extenso examen de registros digitales, incluyendo historial de internet y otros archivos, no aportaron indicios de actividades relacionadas con el terrorismo.
El Ministerio Fiscal, tras recibir el último oficio policial y revisar todas las actuaciones, emitió un dictamen el 24 de octubre de 2025. En dicho dictamen solicitó el sobreseimiento provisional y archivo ante la falta de indicios suficientes que acreditasen la participación del investigado en conductas previstas en el artículo 576 del Código Penal. El 4 de noviembre de 2025, el Juzgado Central de Instrucción número 6 acordó el archivo de la causa conforme a los artículos 779.1.1.ª y 641.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
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