Amnistía Internacional advierte de la presencia de obstáculos persistentes para acceder al derecho a la interrupción del embarazo en España. La organización internacional ha presentado el informe ‘When rights aren’t real for all: The struggle for abortion access in Europe’ (Cuando los derechos no son reales para todos; la lucha por el acceso al aborto en Europa), donde se analizan las dificultades existentes y los avances legislativos en materia de derechos reproductivos en el país.
El documento destaca los pasos dados en los últimos años para facilitar el acceso al aborto, como la prohibición del acoso en las inmediaciones de clínicas o la eliminación de los días de reflexión y del permiso paterno para abortar para menores de 16 y 17 años. Iniciativas similares también se han implementado en otros países como Dinamarca, Finlandia y Noruega.
Trabas burocráticas, falta de personal especializado, restricciones por tiempo de gestación, coste elevado y objeción de conciencia
Pese a estos avances, el informe incide en que la objeción de conciencia de parte del personal sanitario continúa limitando la prestación en determinados territorios, lo que obliga a muchas mujeres a desplazarse a otras ciudades (o incluso comunidades) para recibir atención médica o a recurrir a la sanidad privada. La falta de registros de objetores en comunidades como Madrid, Baleares, Aragón o Asturias complica, según el informe, la planificación de recursos y dificulta garantizar la atención en la red pública.
El análisis también detalla las dificultades adicionales que enfrentan las mujeres migrantes en situación irregular, para quienes el acceso al aborto en la sanidad pública se ve especialmente restringido. El texto recuerda, además, que fuera de los supuestos establecidos por la ley, el aborto sigue estando penalizado en España.
El informe de Amnistía Internacional subraya la necesidad de que los gobiernos europeos adopten medidas para asegurar el acceso igualitario y universal al aborto, en un contexto en el que persisten, a pesar de los avances “con gran esfuerzo”, barreras “dañinas y peligrosas”. Entre los obstáculos identificados se encuentran requisitos administrativos sin justificación médica, la escasez de profesionales cualificados, limitaciones por plazos de gestación y el coste económico asociado, además de la objeción de conciencia a la hora de prestar la asistencia.
El informe señala que estos obstáculos afectan de manera especialmente severa a comunidades en situaciones de riesgo, incluyendo personas con bajos ingresos, adolescentes, personas con discapacidad, integrantes del colectivo LGTBIQ+, trabajadoras sexuales, solicitantes de asilo y aquellas con una situación migratoria precaria.
Amnistía Internacional llama la atención sobre el aumento en la actividad de grupos anti derechos, cada vez mejor organizados y con mayores recursos, que buscan influir de manera negativa en la legislación y la percepción social en torno al aborto. Según la organización, estos movimientos recurren a la desinformación y al miedo para tratar de restringir más el acceso al aborto.
El informe concluye alertando del riesgo de retrocesos en los derechos conquistados debido a una posible oleada de políticas regresivas impulsadas por movimientos antiabortistas y respaldadas por actores políticos populistas y prácticas autoritarias.
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