El Consejo de Ministros ha anunciado este martes el envío de requerimientos formales a la Comunidad de Madrid, Aragón y Baleares para que cumplan la ley del aborto y creen el registro de objetores de conciencia. “La ley se cumple”, ha aseverado de forma tajante la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha recordado que la creación del registro “no es opcional”
Desde que la ley del aborto fuese reformada en 2023, las comunidades han ido avanzando en su implementación y actualmente solo quedan cuatro por desarrollar el registro de objetores: Asturias (gobernada por el PSOE), Baleares, Aragón y Madrid. A principios del mes de octubre, Pedro Sánchez se dirigió por carta a los presidentes de dichas autonomías para insistir en la implantación de esta medida, que busca evitar la paralización en bloque de la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública.
Asturias ya ha dado los primeros pasos para implantar el registro, mientras que desde Aragón y Baleares han mostrado su compromiso para llevarlo a cabo. Sin embargo, en Madrid se muestran reticente y ha hecho “una negación explícita del cumplimiento de la ley”, según la ministra de Sanidad. La presidenta ha asegurado que se negará a crear “listas negras”y que “no se va a señalar a nadie en la Comunidad de Madrid”, mandando“a otro lado a abortar” a quienes les pareciese “poco” esta medida.
“Las mujeres no nos vamos a ir a ningún sitio, las mujeres nos quedamos y vamos a ejercer nuestros derechos libremente”, ha contestado este martes García.
Una medida aprobada por unanimidad
La ministra ha defendido el registro de objetores como “una herramienta esencial para que los derechos de las y los profesionales sanitarios sean compatibles con el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo de equidad, seguridad y respeto”. El registro, además, fue aprobado por unanimidad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) el pasado 16 de diciembre, ha recordado García, desde donde se publicó el protocolo para su creación.
“La inmensa mayoría de las comunidades ha cumplido con su obligación o se encuentra en la fase de trámite, salvo tres comunidades”, ha recalcado. Entre ellas, está la Comunidad de Madrid, que ha sido “explícita en su incumplimiento de la ley”, según la ministra. El Ejecutivo regional ha tildado en varias ocasiones de “inútil” y “punitiva” esta “lista negra” y ha llegado a insinuar que tiene el derecho a decidir si lo crea o no.
El Gobierno ha dado un mes de plazo a Aragón, Baleares y Madrid para responder a este requerimiento y dejar de incumplir la ley del aborto. De no actuar en consecuencia, el Ejecutivo central podrá acudir a los tribunales después de dos meses “para que un juez les obligue a cumplir la ley”, ha explicado la ministra. “La señora Ayuso se ha equivocado por partida doble: se ha creído que está por encima de la ley, pero también se ha creído que está por encima del derecho de las mujeres”, ha aseverado.
La objeción de conciencia es un procedimiento “activo e individual”
La ministra ha aprovechado la ocasión para responder a Alberto Núñez Feijóo, que el lunes propuso durante una entrevista la creación de un registro de sanitarios no objetores, para saber "cuáles son los médicos que le pueden asistir" a las mujeres.
García ha recordado que la objeción de conciencia “es un procedimiento activo e individual”. “Saltarse este procedimiento no solamente vulnera los derechos de las mujeres, también vulnera los derechos de los profesionales que quieren ejercer de manera activa e individual su derecho a la objeción de conciencia”, ha añadido.
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