La convivencia vecinal no siempre es sencilla, sobre todo cuando se trata de ruidos. Ahora, la Ley de Propiedad Horizontal establece el derecho de los vecinos a denunciar a un propietario por ruido derivado de obras en su vivienda. Esta normativa, junto con las ordenanzas municipales, delimita tanto la libertad de realizar reformas como las obligaciones para preservar la convivencia en los edificios residenciales.
El séptimo artículo de la misma ley prohíbe expresamente que los vecinos lleven a cabo actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas que afecten la convivencia. Esto implica que las obras no pueden provocar daños, molestias graves o limitación de derechos a los demás propietarios como filtraciones, ruidos estructurales o aperturas de huecos que afectan la privacidad ajena. No obstante, aquí entra en juego otro factor: el horario de descanso estipulado en cada comunidad de vecinos.
El horario de descanso dentro de una comunidad de vecinos no está fijado de manera uniforme por la Ley de Propiedad Horizontal. Este intervalo de horas de una comunidad de vecinos dedicado a la quietud es algo que puede regularse internamente a través de los estatutos, así como de acuerdos adoptados en su marco. Por tanto, la existencia de un horario concreto depende de la normativa local o de los propios estatutos de la comunidad, ya que la ley estatal no define un horario específico.
En ausencia de regulaciones internas, la referencia obligada es la ordenanza municipal sobre el ruido. En ella, se establecen los límites máximos de decibelios permitidos según la franja horaria, diferenciando entre el día y la noche. En general, durante el horario diurno está prohibido superar los 35-40 decibelios y durante el nocturno los 25-30 decibelios.
La posibilidad de denunciar a un propietario por ruido queda así confirmada por la Ley de Propiedad Horizontal, siempre que se vulneren los límites establecidos y se afecte la convivencia en la comunidad.
Las obras a las que tu comunidad de vecinos puede oponerse
El artículo séptimo en su primer punto de la Ley de Propiedad Horizontal reconoce que cada propietario puede realizar obras en el interior de su vivienda o local, pero advierte que esta facultad no es ilimitada. La norma impone dos restricciones fundamentales: no alterar elementos comunes del edificio, como pueden ser la fachada, cubiertas, patios, forjados, vigas, pilares e instalaciones generales de agua, en cuyo caso se requiere de aprobación previa de la comunidad; y, del mismo modo, se necesita del consentimiento comunitario para intervenir la cocina, baño, fontanería, electricidad, calefacción, suelos o el retoque de tabiques no estructurales, consideradas obras comunes.
Además, “es obligación de cada propietario mantener en buen estado de conservación su propio piso o local e instalaciones privativas, en términos que no perjudiquen a la comunidad o a los otros propietarios, resarciendo los daños que ocasione por su descuido o el de las personas por quienes deba responder”, recoge la ley. De hecho, los vecinos de cualquier vivienda o local que no mantenga las condiciones óptimas de salubridad y seguridad pueden exigir a su dueño la reparación de los espacios afectados. Un ejemplo serían las humedades que pueda sufrir un inmueble.
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