El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de España ha publicado la nueva norma de comercialización del aceite de oliva para la campaña 2025-2026, que habilita mecanismos de intervención en el mercado en caso de una posible sobreproducción. La orden, recogida en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este martes, pretende prevenir posibles distorsiones ante una eventual sobreoferta, una medida que ya había generado tensiones con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
La norma establece que solo podrá activarse cuando las existencias iniciales y la producción estimada superen el 120% de la media de las seis campañas precedentes. Aunque las previsiones iniciales para esta campaña fueron elevadas, la influencia de las altas temperaturas durante el verano ha reducido esa expectativa y, según la cartera dirigida por Luis Planas, no se prevé que sea necesario aplicar una retirada, aunque la norma continuará vigente para activar el mecanismo si se cumplen las condiciones requeridas.
La publicación del BOE detalla que el porcentaje de aceite a retirar, de cualquier categoría, se determinaría por resolución de la dirección general de Producciones y Mercados Agrarios antes del 15 de noviembre. El proceso se implementaría en las almazaras productoras, incluyéndose la supervisión de las comunidades autónomas, que deberán asumir el control oficial de estas operaciones.
Competencia critica la intervención del Gobierno
A principios de este mes, la CNMC advirtió sobre los posibles riesgos de esta medida, subrayando que podría encarecer el precio del aceite y reducir tanto la variedad como la calidad disponibles, impactando principalmente a los consumidores de ingresos bajos. Además, la CNMC señala que la retirada de producto afectaría a distribuidores y exportadores, sectores relevantes en la estructura del mercado español.

El organismo supervisor ha planteado también la necesidad de revisar la metodología del cálculo de los umbrales de mercado y los porcentajes de retirada para cada almazara y pide flexibilidad para derogar la medida en caso de cambios de mercado. La CNMC ha mostrado especial preocupación por esta medida por el caracter “estratégico” del sector de actividad relacionado con la producción y consumo de acxeite de oliva en España, que en este ámbito es “líder mundial en producción y exportaciones, y con mucho peso en las zonas rurales”.
Opiniones dispares en el sector
Desde el sector productor, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha calificado de “incongruente” la posición de la CNMC. El responsable estatal de Olivar de COAG, Juan Luis Ávila, expresó que la comisión “desprotege a los consumidores y da cobertura a quienes especulan con el aceite de oliva”. COAG sostiene que la finalidad de la norma del Gobierno no consiste en incrementar el precio, sino en estabilizar el mercado con precios razonables para el público y condiciones viables para los agricultores.
Un informe elaborado por el Instituto de Estudios Giennenses y la Diputación de Jaén concluye que la autorregulación beneficiaría a los consumidores a medio y largo plazo. Según los datos difundidos, se han registrado diferencias de más del 500% entre el precio recibido por el agricultor y el pagado por el consumidor en los puntos de venta, situación que la organización agraria atribuye a márgenes comerciales excesivos.
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