La Xunta de Galicia ha ordenado el cierre de una vivienda comunitaria privada para personas mayores en la localidad de Cima de Ribeira (Xinzo de Limia), en Ourense. Esto ha sucedido menos de dos semanas después de la clausura de otro centro residencial en Amoeiro, en la misma provincia. Sendos cierres se han ejecutado al no haber pasado la inspección rutinaria anual. Por lo que han tenido que reubicar de emergencia a veinte residentes en centros públicos o domicilios familiares.
La última en ser clausurada ha sido la Vivienda Comunitaria Residencial de San Gabriel, donde los inspectores detectaron “graves deficiencias” en el funcionamiento, el cuidado y la alimentación de los mayores. Además, se descubrió que, a pesar de haber 12 plazas residenciales habilitadas, en el recinto albergaba a 15 usuarios. Mientras, el primer centro fue cerrado, después de la alarma de los familiares de uno de los inquilinos.
La clausura en la Vivienda Comunitaria Residencial de San Gabriel
Uno de los primeros elementos alterados detectados en la inspección, realizada este martes 14 de octubre en San Gabriel, fue el exceso en el número de plazas, como ya se ha mencionado. No obstante, el acta también ha reflejado que solo podían residir personas autónomas, con grados cero y uno de discapacidad, y se consideró que alguno de los usuarios no estaban en esta situación, según ha informado Europa Press. Asimismo, la Consejería ha confirmado que se identificaron deficiencias sociosanitarias y en la alimentación, lo que determinó finalmente la decisión final.
En la actualidad, de los quince usuarios, catorce han sido reubicados en una residencia pública en Barbadás y el resto, a su domicilio familiar. La rapidez del traslado lo señala Fabiola García, la conselleira de Política Social, quien ha asegurado que la Xunta “siempre actúa con contundencia y con inmediatez” cuando se trata de velar por el bienestar de las personas mayores y de garantizar su correcta atención, tras la recomendación de los funcionarios del cuerpo de inspección.
“Así lo demostramos recientemente tras el cierre de una vivienda comnunitaria en el Ayuntamiento de Amoeiro y acabamos de demostrarlo hoy mismo tras el cierre de la vivienda San Gabriel en Xinzo, ambas de titularidad privada”, ha destacado la conselleira.
El cierre del primer centro
El caso de la Vivienda Comunitaria Jardín, ubicada en Cerval, Amoeiro, tuvo lugar el pasado 1 de octubre después de que una queja familiar llegara a los servicios sociales del Concello. Este primer caso surgió cuando la familia de un usuario denunció la existencia de trabajadores en situación irregular. El ayuntamiento comunicó entonces la situación a la Xunta de Galicia, que ya disponía de información y ejecutó la inspección y clausura en cuestión de horas. En el momento del cierre, Jardín albergaba seis residentes —aunque tenía once plazas—, los cuales fueron trasladados esa misma tarde a la residencia autonómica de Monforte y a la de Barbadás.
“Todos se encuentran en perfectas condiciones, y una persona de la Xunta acompañó en el traslado”, indicaron fuentes de Política Social, citadas por Faro de Vigo. En ambos episodios, la administración insistió en que “actuamos sin demora. Con el bienestar de las personas mayores somos inflexibles: no se juega”. Además, las familias de los residentes recibieron información puntual desde el primer momento sobre el cierre y el destino de los usuarios.
Por su parte, el alcalde de Amoeiro, Luis González, ha manifestado que esta noticia “fue sorprendente” para el municipio, ya que no se lo esperaban. Aunque ha precisado que la comunidad se encontraba “alejada del centro del pueblo, en una aldea muy poco habitada, por lo que el centro privado estaba bastante aislado”. Igualmente, González ha subrayado que al no tener competencias directas, el Concello “no conoce ni a los usuarios, ni a los empresarios, ni lo que pasase allí”.
En ambos casos, las inspecciones llevaron a la intervención administrativa inmediata. “A la Xunta nunca le va a temblar la mano, siempre va a continuar actuando con firmeza y con inmediatez cuando esté en riesgo el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores”, ha incidido el Consejo.
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