El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 8 de octubre la Ley de Movilidad Sostenible, una normativa que pretende revolucionar el modelo de transporte en España bajo el paraguas de la sostenibilidad y la descarbonización.
Entre sus medidas más polémicas destaca la restricción de vuelos domésticos de corto recorrido en rutas donde haya alternativa ferroviaria de menos de dos horas y media.
Aunque el objetivo es reducir las emisiones de CO₂ y modernizar la movilidad, la norma llega en un momento crítico: la alta velocidad ferroviaria arrastra serios problemas de puntualidad y fiabilidad, y los consumidores ya advierten de un “grave perjuicio” si se limitan opciones de movilidad sin garantizar primero un sistema ferroviario eficiente.
“El tren es ahora mismo un auténtico problema”
La Asociación Española de Consumidores ha sido tajante. Aunque la medida persigue una causa ambiental legítima, considera que su aplicación en el contexto actual es prematura y perjudicial. “Los graves problemas y retrasos constantes que tiene el transporte ferroviario hacen que esta opción ahora mismo sea un auténtico problema para los consumidores”, ha señalado la entidad en un comunicado.
Y es que el propio Gobierno ha reconocido que, durante la última temporada de verano, cuatro de cada diez trenes AVE sufrieron retrasos, con una media de 20 minutos por incidencia. Además, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha advertido que los problemas persistirán al menos durante los próximos dos años.
Una ley ambiciosa, pero con interrogantes
La nueva ley tiene como meta descarbonizar el transporte y reconocer la movilidad como derecho ciudadano. Responde también a una exigencia de la Comisión Europea para acceder a 10.000 millones de euros en fondos europeos del Plan de Recuperación.
Entre las medidas que contempla destacan:
- Reducción de vuelos domésticos en rutas con alternativa ferroviaria de menos 2 horas y media.
- Recuperación de trenes nocturnos internacionales.
- Revisión de las etiquetas medioambientales de la DGT, incorporando emisiones de CO₂.
- Obligación para gasolineras de instalar puntos de recarga de 400 kW (mínimo 150 kW por punto).
- Reducción del 20% en tarifas de autobuses interautonómicos.
- Ampliación de los planes de movilidad sostenible en empresas con más de 200 empleados o 100 por turno.
La ley también contempla un estudio técnico para evaluar el impacto de la medida y determinar las rutas aéreas afectadas. Pero por ahora, el texto no especifica cuáles serán las conexiones eliminadas ni cómo se garantizará una alternativa ferroviaria operativa y fiable.
Inspiración francesa con matices españoles
La medida se inspira en la prohibición francesa de vuelos cortos, vigente desde mayo de 2023. En el caso español, se ha introducido una excepción: no se verán afectados los vuelos que conecten con aeropuertos que enlacen con rutas internacionales, una cláusula que aún debe concretarse.
Según un informe de Ecologistas en Acción, en España podrían suprimirse hasta 50.000 vuelos al año en 11 rutas con alternativas ferroviarias de hasta cuatro horas, lo que supondría una reducción de 300.000 toneladas de CO₂. No obstante, su impacto real dependerá de cómo y cuándo se aplique.
El tren ya domina en rutas clave: ¿es necesaria la prohibición?
Las cifras muestran que en muchas rutas donde tren y avión compiten, el ferrocarril ya ha ganado terreno, por lo que no haría falta imponer prohibiciones cuando la preferencia del usuario es viajar por tierra incluso sin restricciones. Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC):
- En el corredor Madrid-Valencia, el tren acapara el 89% de los pasajeros.
- En Madrid-Sevilla, la cuota es del 85,4%.
- En Madrid-Barcelona, el tren alcanza el 78,3%, frente al 21,7% del avión.
¿Cuánto se reducirán realmente las emisiones?
El argumento central para limitar vuelos cortos es la reducción de emisiones, pero algunos estudios cuestionan su efectividad. La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) estima que eliminar estos vuelos en toda Europa reduciría solo un 3,8% de las emisiones del sector, pese a afectar al 24% de los trayectos.
En el caso de España, el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España (COIAE) calcula que la reducción sería apenas del 0,1% de las emisiones totales de CO₂.
Una transición ecológica que necesita infraestructura
Desde el Gobierno, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha defendido que “el tren está llamado a ser el transporte del siglo XXI”, aunque ha aclarado que no se busca eliminar completamente los vuelos cortos, sino limitar aquellos innecesarios.
Pero para que esa transición sea efectiva, se necesita una red ferroviaria eficiente, puntual y robusta, algo que hoy está lejos de ser una realidad. No obstante, Renfe ya ha anunciado un plan de mantenimiento de 1.000 millones de euros hasta 2030, pero sus efectos tardarán en percibirse.
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