El Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, quiere que los centros de menores nacionales, que acogen a unos 17.000 niños, niñas y adolescentes que viven tutelados por la Administración, sea lo más parecido a un hogar. Por este motivo, la cartera que dirige la ministra ha impulsado un cambio profundo en el sistema de protección de los menores tutelados. Un nuevo real decreto —al que ha tenido acceso la Cadena SER— establecerá por primera vez "estándares mínimos" comunes para todos los centros de acogida del país. Hasta ahora cada autonomía es competente en la materia y tiene su propio. Será el viernes 17 de octubre cuando el texto se lleve a Comisión Sectorial de Infancia.
La norma fija condiciones concretas, entre otras, sobre el tamaño de los centros, la ubicación, la composición del personal y la calidad de las instalaciones. El Ministerio apuesta por centros más pequeños, con un máximo de 10 plazas, o en casos excepcionales, se permitirá llegar a 15. Aun así, como ha detallado Europa Press, la norma prevé la existencia en cada comunidad autónoma de un número mínimo de plazas residencial en función del número de habitantes y prevé, de forma preferente, la existencia de una plaza residencial por cada 2.250 habitantes. El objetivo, por tanto es, que se generen “recursos estables y de calidad”.
Además, estos espacios deberán situarse en el centro de las ciudades o con acceso a servicios básicos —centros de salud, colegios, institutos— y también a lugares de ocio, con el fin de favorecer “la integración y la inclusión” social de los menores.
Refuerzo de personal
Las condiciones interiores también cambian de forma significativa. Los dormitorios no podrán albergar más de dos menores y deberán contar con camas individuales y un mínimo de cinco metros cuadrados por plaza. Además, los centros tendrán salas de estudio, zonas verdes, siempre que sea posible; y espacios diferenciados para el descanso.
El personal de los centros también se verá reforzado. La norma exige que en cada turno haya, al menos, dos trabajadores y un educador por cada cuatro menores. Además, todos los centros deberán contar con un psicólogo y una dirección con formación en intervención social o psicoeducativa.
Cada comunidad autónoma deberá garantizar una plaza de acogida por cada 2.500 habitantes, de manera que se pase del modelo reactivo —en el que las plazas se crean a demanda— a una estructura estable, planificada y de calidad. Además, las comunidades estarán obligadas a realizar inspecciones periódicas y a enviar informes al Ministerio, asegurando así el cumplimiento de los indicadores mínimos de calidad establecidos por la norma.
El texto también incluye medidas para garantizar una vida cotidiana digna. Los menores deberán recibir una alimentación equilibrada y contar con una dotación suficiente para sus gastos personales, desde ropa hasta material escolar.
Esta medida ya se ultimaba para el mes de marzo, pero como confirmaron fuentes del departamento, la propia ministra anunció esta norma a mediados de noviembre. También en marzo tuvo lugar el asesinato de una educadora social tras la agresión de tres menores de edad en un piso tutelado en Badajoz.
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