La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) afirma que las perspectivas medioambientales en las que se ve inmerso el continente “plantean riesgos importantes para la prosperidad económica, la seguridad y la calidad de vida”. No obstante, las perspectivas de futuro no son muy alentadoras, ya que la agencia considera “improbable” alcanzar los objetivos marcados por las directrices europeas para 2030.
El informe presentado esta semana es el séptimo que ofrece la AEMA desde que en 1995 empezase a utilizar la información científica para responder a los desafíos del cambio climático con datos objetivos. El pronóstico ha sido claro: “no es bueno”. Tras la presentación de resultados, Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, sentencia que los resultados que ahora se materializan son “un duro recordatorio de que Europa debe mantener el rumbo e incluso acelerar sus ambiciones climáticas y ambientales”.
El estrés hídrico creciente, con un 30% del territorio europeo afectado, o el aumento de catástrofes naturales son dos ejemplos que cita el informe para evidenciar el deterioro de la diversidad y los ecosistemas europeos. Del mismo modo, el escrito señala que el 80% de los hábitats protegidos están en mal estado. Como contrapunto, se destaca el aumento de las áreas consideradas protegidas en la última década.
Algunos de los motivos que se esgrimen son los modelos de producción y de consumo basado en la explotación de los recursos naturales. En este punto, el informe menciona especialmente a la industria alimentaria como una de las que reproducen este modelo.
Frente a un futuro poco esperanzador en lo que se refiere a la reversión del cambio climático, la AEMA plantea reencontrar vínculos entre la economía y los entornos rurales. “Solo mediante el restablecimiento del entorno natural en Europa será posible mantener una economía competitiva y una alta calidad de vida para la ciudadanía europea“, puede leerse en el informe. De no poder tergiversar la situación actual, el objetivo de neutralidad climática de 2050 no podrá ser alcanzado.
Los 32 países miembros de la Agencia Europea de Medio Ambiente, más los seis países cooperantes, presentan algunos datos que siguen avanzando desde que en 2020 publicaran el anterior informe. Algunos de ellos son la reducción de las muertes prematuras por polución en un 45% en Europa o la disminución en un 37% de los gases de efecto invernadero desde la década de los noventa.
España, a la cabeza de la transición energética
El informe realizado por la Agencia Europea de Medio Ambiente, en colaboración con la Red Europea de Información y de Observación sobre el Medio Ambiente (Eionet), sitúa a España a la cabeza de la transición energética. En el texto, se expone que el Estado español “está preparado para asumir un papel de liderazgo en la transición verde de la UE”, además de poder “contribuir significativamente a los esfuerzos globales para lograr la neutralidad de carbono”, fijada en 2050.
El motivo de elogio hacia España por parte de la AEME radica en las políticas impulsadas que minimizan “la presión sobre los recursos naturales”, así como también señala los trabajos de restauración de sus ecosistemas. Pese a ello, el informe no olvida señalar el largo camino que queda hasta alcanzar plenamente los objetivos marcados por las directrices europeas.
Otros estados miembros que la Agencia menciona por destacar en áreas como las renovables o la lucha contra el desperdicio alimentario son Portugal, Dinamarca, Eslovenia y Francia. El país luso es “líder en descarbonización”, según recoge el informe, con un 73% de electricidad renovable en 2023 y con el cierre de sus centrales de carbón en 2021, de acuerdo a las directrices europeas. Del mismo modo, Dinamarca consiguió que, en 2023, un 82% de la electricidad del país fuese renovable.
Por otro lado, Eslovenia aparece como ejemplo de economía circular y gestión de recursos, con una tasa de reciclaje del 59,8% en 2023 frente al 48,2%, promedio de la Unión Europea. Esta lucha contra el desperdicio alimentario también es destacada en Francia con leyes que marcan objetivos del 50% de reducción para el período 2050-2030.
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