Hace unos meses, Liz Bates, propietaria de un piso en Bournemouth (Reino Unido), concretamente un bajo, comenzó a observar movimientos en el solar situado frente a su vivienda. A unos seis metros, aparecieron unos soportes metálicos. Al preguntar a los trabajadores que los instalaban, le dijeron que eran “para un muro de terraza”. Liz les comunicó que “no había permiso de obras” para eso, y el operario al cargo le respondió que se limitaban a “seguir instrucciones”. Acto seguido, la afectada acudió al ayuntamiento a formular una denuncia.
Según ha relatado Bates al periódico The Sun, se trataba del inicio de la construcción de una residencia de lujo, que habían comenzado en lo que era un antiguo aparcamiento municipal. “Nuestra familia ha vivido aquí durante 100 años. Yo crecí aquí”, lamenta esta mujer, consciente de que algún día podrían arrebatarle las vistas, pero no sin previo aviso. A los soportes metálicos siguieron bloques de hormigón. Se levantó una pared de 2,4 metros, bloqueando completamente la visión del mar que ya era parte de sus recuerdos y de su día a día tantos años.
“Hemos perdido privacidad”
El ayuntamiento no se quedó de brazos cruzados, al menos de inicio. “Intervino y pidió al promotor paralizar la obra”, cuenta la propietaria. En efecto, la promotora no había solicitado permiso, pero no hizo sino seguir adelante y terminar el trabajo. Hasta que esto sucedió, entretanto, la vida familiar se deterioró, con obreros aportando ruido y arrebatando luz y vistas desde primera hora cada mañana. E intimidad: “Miraban por las ventanas mientras desayunaba con mis hijos pequeños. Cerramos todo, independientemente del calor, porque además fumaban”.
Antes eran los empleados de la promotora, ahora son los inquilinos que se instalan en esa residencia. “Hemos perdido privacidad completamente -insiste-, ahora podrán ver dentro de nuestra casa, y cuando hay barbacoas o se fuma, el humo entra directamente dentro. (...) Cada vez que miramos por la ventana, solo vemos ese enorme muro”.
“No podemos vender, estamos atrapados”
El impacto económico es otro factor a tener en cuenta. “La propiedad ha perdido tanto valor que nos han dicho que no podríamos venderla si quisiéramos mudarnos”, asegura Bates tras haber consultado a distintos tasadores. La cifra alcanzaría hasta las 50.000 libras (más de 57.000 euros) de depreciación, según estimaciones de estos profesionales. Ante la situación, Liz y su familia se sienten “atrapados”: “Nos gustaría mudarnos, pero no es factible”.
Fue una vez acabada la obra cuando la promotora se propuso resolver la ilegalidad, es decir justificar el muro. Bates auguraba que no lo lograrían: “El impacto en nuestra casa es enorme”. Un portavoz de la compañía, llamada Vivir Estates, sostenía ante The Sun que no tendrían problema para resolver esto: “Ningún propietario en el Reino Unido tiene derecho a vistas; eso lo establece la ley civil. (...) Sí, es una pena que la gente pierda sus vistas, pero creemos que el desarrollo va a mejorar la zona y el precio de los inmuebles subirá”, zanjó.
“Es absolutamente invasivo”
Y llevaba razón. La construcción sobre el antiguo aparcamiento del municipio, frente a la vivienda de Bates, fue aprobada finalmente tras varias negativas previas, cuando la empresa recurrió a un inspector urbanístico, y pese a que 1.500 residentes se opusieron formalmente a través de alegaciones. De nada sirvió. El nuevo conjunto incluye bloques de dos y cuatro alturas que, según la afectada, agravan el efecto del muro, que califica de “opresivo” y “absolutamente invasivo”.
“Nos están forzando a irnos de nuestra casa. Vivimos como en una pecera desde que empezó el desarrollo. Cada vez que abrimos la ventana, nos entra humo y miradas del exterior. No podemos disfrutar del espacio exterior ni de la luz”, clama Bates, a la que solo queda hacer un nuevo llamamiento a las autoridades: “Invito a cualquier inspector de urbanismo a venir a nuestra propiedad para ver lo sobrecogedor que resulta y cómo afecta negativamente a nuestra vida”.
El expediente sigue abierto pero, dados los precedentes, ya nada hace augurar que haya marcha atrás. El resquicio podría ser una solución judicial en forma de indemnización.
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