La Audiencia de Badajoz manda al banquillo al hermano de Pedro Sánchez por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias

La Audiencia Provincial de Badajoz ha acordado este martes mandar al banquillo a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En un auto de 64 páginas, al que ha tenido acceso Infobae España, rechaza el recurso interpuesto por el músico y confirma su procesamiento por los delitos de malversación y tráfico de influencias. De esta manera, se da validez a la instrucción que ha llevado a cabo la magistrada Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. Contra este auto ya no caben más recursos. Ahora las acusaciones populares (Manos Limpias, PP y Vox) tendrá que ratificar sus escritos de acusación. Piden tres años de prisión contra él. La Fiscalía no acusa.

El auto subraya que la plaza de coordinador cultural que desempeñó David Sánchez se diseñó en exclusiva para él adaptada a sus “exclusivas preferencias personales”. Los cuatro magistrados que firman el auto recogen muchos correos electrónicos que demuestran que tanto él como su entorno daban por hecho el nombramiento “23 días antes de la publicación incluso de las bases”. Los magistrados remarcan que se trató de una maniobra para asegurarle un cargo fijo con recursos públicos y recuerdan que los cargos que diseñaron esa plaza se referían a él como “hermanito” o “hermanísimo”.

La Audiencia Provincial de Badajoz también ha rechazado este martes los recursos presentados por los otros 10 procesados, entre ellos el líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. La decisión se produce pese a la oposición de la Fiscalía, que consideraba que la causa debía archivarse porque la misma se sustentaba únicamente “en conjeturas”.

Los magistrados también hacen mención a la posible influencia de Pedro Sánchez en el nombramiento de su hermano: "Finalmente diremos que en el mismo recurso se viene a restar capacidad de influencia de Don Pedro Sánchez por el hecho de haber renunciado a la secretaría general del partido en octubre del 2016 y no revalidar su reelección hasta mayo de 2017, olvidando que precisamente en ese mes de octubre, es cuando se propone la creación de puesto, siendo hasta ese preciso momento secretario general el mismo, trascurriendo solo siete meses hasta la revalidación de nuevo el mes de mayo de 2017 como aquel en que se inicia el proceso de nombramiento de su hermano para el cargo creado anteriormente".

Denuncias de Manos Limpias

La causa contra David Sánchez empezó en mayo de 2024 tras la denuncia del seudosindicato Manos Limpias sustentada en publicaciones de prensa donde se acusaba al músico de no acudir a su puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz, donde era coordinador de los conservatorios, que no realizaba las funciones que tenía asignadas y que residía en Portugal para presuntamente no pagar impuestos en España. Finalmente se abrió una investigación judicial para dilucidar si su nombramiento fue irregular. Las conclusiones de la instructora concluyeron que existían “indicios” de que David Sánchez tuvo conocimiento previo de que el Puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios se había creado para él y que se presentó a la convocatoria e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento”.

No solo se le acusa por la creación de la plaza en 2016 y su adjudicación en 2017, sino la adaptación posterior del puesto a sus necesidades y la contratación de una persona de su confianza. De hecho, la Audiencia de Badajoz asegura que queda constatado cómo la Diputación no sólo fabricó a medida el puesto que el hermano de Sánchez ocupó durante siete años, sino que la corporación provincial, gobernada por el PSOE, también diseñó un puesto para Luis María Carrero Pérez, un funcionario de La Moncloa que fue trasladado a Extremadura para que ayudara al músico en sus labores.

Además del hermano del presidente del Gobierno y Miguel Ángel Gallardo (presidente de la diputación y ahora líder de los socialistas extremeños), en la lista de procesados están también los cargos que ocuparon puestos de responsabilidad en el Área de Cultura o de Recursos Humanos cuando se produjeron los hechos investigados como Elisa Moriano, Cristina Núñez, Juana Cinta, Félix González, Manuel Candalija, Emilia Parejo, Francisco Martos, Ricardo Cabezas y Luis María Carrero.