La Inspección de Trabajo ha emitido actas de infracción y sanciones contra DIGI Spain, filial del grupo rumano DIGI, tras una denuncia presentada por CGT Andalucía, Ceuta y Melilla. El organismo obliga a la compañía de telecomunicaciones a corregir varias prácticas que vulneraban derechos básicos de la plantilla y que, según el sindicato, habían generado un clima laboral marcado por la precariedad y los abusos.
Entre las obligaciones impuestas a la empresa destacan tres medidas clave:
- Respetar la voluntariedad de los empleados para trabajar en domingos y festivos, lo que pone fin a la imposición unilateral de turnos en días de descanso.
- Implantar un registro efectivo de la jornada laboral, garantizando el pago por el tiempo realmente trabajado.
- Abonar las compensaciones económicas por trabajo en festivos, lo que abre la puerta a reclamaciones de cantidades adeudadas desde el año anterior a la denuncia presentada por Miguel Montenegro, secretario de Organización de CGT-A.
Pese a estos avances, desde el sindicato sostienen que las sanciones no corrigen la totalidad de las prácticas abusivas de la compañía, que afectarían también a trabajadores de otras comunidades autónomas. CGT-A continúa recabando testimonios y documentación para impulsar nuevas acciones legales y reivindicar “los mínimos legales y la dignidad profesional de toda la plantilla”.
El malestar entre los empleados de DIGI se extiende también al ámbito de la negociación colectiva. Según CGT, el convenio estatal firmado recientemente por CCOO y UGT para los más de 8.000 trabajadores de la empresa se cerró “sin consultar con la plantilla” y ha supuesto recortes en salarios, jornada y condiciones laborales. Esta situación ha desencadenado protestas públicas y convocatorias de huelga en territorios como Euskadi y Galicia, promovidas por CGT y sindicatos alternativos.
“Una política empresarial basada en la explotación”
En Andalucía, la dispersión geográfica ha dificultado hasta el momento la coordinación de movilizaciones, pero el sindicato insiste en su compromiso de articular una respuesta común frente a lo que califica como “abusos empresariales” y “retrocesos salariales y laborales avalados por los sindicatos del sistema”.
“Seguimos intentando ser el nexo de unión de los y las profesionales de DIGI Spain en Andalucía para cambiar el rumbo de esta multinacional”, subraya CGT-A, que asegura no cesar en su empeño de frenar lo que consideran una “política empresarial basada en la explotación”.
El conflicto entre CGT y DIGI
El malestar de la plantilla de DIGI en Andalucía no comienza con estas sanciones. El 13 de junio de 2024, los trabajadores y trabajadoras de DIGI en Málaga iniciaron una huelga indefinida, motivada por lo que CGT describió como un “incumplimiento del convenio colectivo, bajos salarios, atrasos en los pagos, falta de reconocimiento de las categorías profesionales y condiciones contractuales que dificultan la conciliación y descanso”.
Según CGT, en Málaga “en muchos casos, la plantilla no llega al Salario Mínimo Interprofesional (SMI)” y “mayoritariamente mujeres tienen contratos a tiempo parcial”. Durante las primeras horas de la huelga, los trabajadores se concentraron frente a los centros de trabajo (uno de ellos en la estación Vialia María Zambrano), visibilizando la protesta y denunciando públicamente la progresiva precarización sufrida. El sindicato acusa a DIGI de mostrarse evasiva en las mesas de mediación, y de desatender tanto las negociaciones como las quejas formales sobre retribuciones y condiciones laborales.
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