Hipotecarse por segunda vez tras la amenaza de desahucio y la imposibilidad de alquilar en Madrid: “Esto me ha quitado años de vida”

Cuando Nilda Risueño compró un piso en Madrid en 2007, jamás pensó que comenzaría la peor de sus pesadillas, la que “le ha quitado años de vida”. Con la crisis económica su pareja se quedó sin trabajo y tuvo que marcharse de España y, tras separarse, no pudo afrontar sola las cuotas mensuales de 1.300 euros de la hipoteca. En 2012 pidió al banco Sabadell la dación en pago para poder saldar la deuda y la entidad aceptó su petición en 2017, al tiempo que concedió un realojo con alquiler social en otro barrio. Pero su periplo no terminó ahí. Dos años después, en 2019, ese piso fue adquirido por el fondo buitre Cerberus y, después de negarle un nuevo contrato de alquiler, trataron de desahuciarla.

Por suerte, recuerda ahora Nilda, tras las alegaciones presentadas por su abogado, la justicia le dio la razón y el fondo buitre retiró la demanda de desahucio. “Fue un proceso muy largo, con muchas fases, y lo conseguí a base de lucha y lucha”, cuenta a Infobae España. A pesar de la resolución favorable, la empresa solo prorrogó el contrato de alquiler por unos meses y este 2025 volvieron a notificarle que debía abandonar el piso. Era la segunda vez que se enfrentaba a un desahucio.

“Me acosaban con llamadas telefónicas, notas de bajo de la puerta y personas que llamaban al timbre, pero tenía claro que no iba a marcharme”, relata. Poco después, se dio cuenta de que el piso estaba a la venta y decidió comprarlo. “En principio se negaron a vendérmelo, me decían que la oferta solo se dirigía a fondos de inversión, pero finalmente, con el apoyo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), presentamos una propuesta y la aceptaron”, explica aliviada tras comprar este piso de 50 metros cuadrados “para reformar” por 102.000 euros.

Proyectos vitales truncados

A pesar de que Nilda no quería volver a hipotecarse por la experiencia previa que había tenido, asegura que “no le ha quedado más remedio que volver al sistema del que tanto le costó salir”, porque actualmente pagar un alquiler convencional en Madrid, donde el precio medio supera los 22 euros por metro cuadrado, le resultaba completamente inviable, a pesar de que tiene un trabajo estable como técnica de empleo. Todos estos años de lucha e incertidumbre, reconoce, le han pasado factura, tanto que incluso ha visto truncada su posibilidad de ser madre.

“Todo esto ha hecho que mi proyecto vital se viera paralizado, porque al final está todo en el aire y todo es a base de estar ahí al pie del cañón, con lo cual, el coste ya no solo ha sido a nivel emocional. A mí esto me ha quitado vida. Toda esta historia [cuando solicitó la dación en pago] me pilló con 30 años y me ha quitado unos años muy bonitos, incluso la posibilidad de ser madre, porque ahora con 43 es mucho más complicado planteárselo. Al final han sido 13 años dedicados a luchar por mi puñetera casa", lamenta, al tiempo que recuerda que en la Comunidad de Madrid ni siquiera hay ley de vivienda.

“Lo hemos pasado muy mal”

La lucha que ha mantenido Nilda contra el abuso inmobiliario durante todos estos años es similar a la de María Eugenia Ortega, una mujer ecuatoriana que lleva residiendo en Madrid casi 30 años junto a sus dos hijas y que tampoco pudo hacer frente a la hipoteca con su salario como limpiadora cuando estalló la burbuja inmobiliaria. Su hija mayor la ayudaba a pagar las cuotas del piso que había comprado en 2004 por 135.000 euros en el distrito de Villaverde, pero al quedarse sin trabajo unos años después, en plena crisis, la situación cambió por completo.

La primera notificación de desahucio llegó en 2012, aunque pudo lograr una prórroga que le dio un respiro. A principios de 2014 la entonces Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM, absorbida después por banco Sabadell) le concede un alquiler social, hasta que años más tarde, en 2019, su piso fue adquirido por Cerberus. Fue poco después cuando volvió la amenaza de desahucio. “Me acosaban constantemente para que me fuera”, explica, si bien a raíz de la pandemia le concedieron otra prórroga.

Al finalizar el contrato de alquiler social, Cerberus notificó a María Eugenia que debía dejar el piso y, desesperada tras todos esos años de lucha constante y varios juicios, buscó apoyo en la PAH. Su calvario, finalmente, se terminó en 2024, cuando el piso salió a la venta y su hija pudo comprarlo por 60.000 euros. La familia volvía así a sumir una hipoteca, pero esta vez con mayor conocimiento y recursos para afrontar la situación.

“El banco y las inmobiliarias se aprovechan, te hacen polvo, y más aún cuando eres una persona extranjera, ya que tienes menos redes de apoyo. Cuando vives algo así, prácticamente no duermes, y te levantas pensando qué va a ser de ti al día siguiente y hasta cuándo vas a seguir así. Lo hemos pasado muy mal”, resume María Eugenia, quien ahora con 62 años trabaja en ayuda a domicilio.

Ley autonómica de vivienda

Los casos de Nilda y María Eugenia son solo una muestra de cómo la crisis de habitacional en la Comunidad de Madrid, con una escasa oferta de vivienda pública, un aumento desproporcionado de los precios de compra y alquiler y el auge de los pisos turísticos, “empuja a muchas personas a situaciones límite”, advierten desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. “Ella se vieron forzadas a comprar la vivienda para evitar la expulsión, porque muchas veces resulta imposible volver a ser inquilina en tu propio barrio o incluso en tu ciudad. Nadie debería enfrentarse a esto en soledad”, sostiene la organización, que recomienda a quienes se vean afectados por situaciones similares que se organicen y busquen apoyo en un colectivo.

Por eso tanto desde la PAH como otros colectivos que luchan por el derecho a una vivienda digna también reclaman al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso la aprobación de una ley autonómica de vivienda que permita el acceso asequible. Piden también al Ejecutivo regional que aplique la Ley estatal con especial atención como la declaración de zonas de mercado tensionado y un aumento de las viviendas sociales.

Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), durante el primer trimestre de 2025 se registraron 7.334 desahucios de viviendas familiares en España por mandato judicial. La cifra supone un descenso de solo un 1,2% en comparación con el año anterior, lo que refleja la dificultad para revertir una tendencia que afecta especialmente a personas en situación de vulnerabilidad.