La familia de una persona con discapacidad denuncia tener ‘inquiokupas’ desde la pandemia: “Mi primo está más desprotegido que ellos”

En la calle Valencia, en el Eixample de Barcelona y a escasos metros de la Sagrada Familia, se encuentra un piso de tres habitaciones y dos baños, reformado hace pocos años, que se ha convertido en una pesadilla para su dueño, un hombre con una discapacidad del 76%, y sus familiares, que ven como deben afrontar los gastos de la propiedad mientras esta está okupada por una familia que dejó de pagar el alquiler desde que comenzó la pandemia.

Desde que falleció el padre del afectado, su primo Alberto Asín asumió su tutela legal y se ha encargado de difundir la situación que deben afrontar, pidiendo soluciones que contemplen la situación de su familiar con discapacidad. Como cuenta Asín, la vivienda fue reformada con el objetivo de sacarle rentabilidad en el mercado del alquiler. Tras las obras, pactaron con sus inquilinos una renta de 900 euros mensuales, un precio que considera “ajustado” teniendo en cuenta las características de la vivienda, un entresuelo junto al metro y cercano a la Sagrada Familia: “Era un piso muy apañado, mi tío incluso pensó en poner ahí una gestoría, pero al final lo alquilamos para que generase ingresos y ayudara a cubrir los gastos de mi primo”.

Según relata Asín, los inquilinos, un apareja extranjera con dos hijos adolescentes, pagó con normalidad la renta durante los primeros 24 meses. Tras dos años, con la llegada de la pandemia, la situación cambió por completo. El primo del propietario asegura que ofreció a la familia pagar el 50% del alquiler durante tres meses, al igual que hizo con otro inquilino de otra propiedad de su primo con discapacidad, pero la familia comenzó a poner “problemas” con las cuotas, hasta que dejaron de pagar del todo. Asín hizo uso de la fianza de cinco meses y, tras medio año sin ingresos, decidió acudir a los tribunales.

Ganaron el juicio, pero no pudieron recuperar la vivienda

Tras iniciar el procedimiento judicial, el juzgado dio la razón al propietario y se fijó fecha de lanzamiento, pero la mujer de la pareja inquilina se declaró insolvente, por lo que, al tener dos hijos a su cargo, fue considerada vulnerable, paralizando así el desahucio. “Lo que pido es que eso se revise cada cierto tiempo, no que se declare una vez y ya está. Decía que ganaba 150 euros al mes -en referencia a la mujer-, con eso no pagas ni la luz en invierno. Mientras tanto, mi primo, que va con andador dentro de casa y necesita ayuda para todo, no es considerado vulnerable”, lamenta Asín.

Además, el familiar del afectado denuncia tener que seguir pagando los gastos de la vivienda, como el IBI, la comunidad o las derramas: “Lo mínimo sería que, si el Estado decide que estas personas no se pueden ir, nos paguen el alquiler directamente a nosotros. Y mientras dure la situación, que al menos nos liberen de pagar el IBI. Estamos pagando por una vivienda de la que no podemos disfrutar”.

Asín asegura que no se trata de dinero, sino de justicia, y pone el ejemplo de las ayudas al alquiler de otras comunidades: “Si en Bilbao dan 750 euros de ayuda al alquiler, ¿por qué aquí no? Yo no digo que estas personas no sean vulnerables, me parece bien que se les ayude, pero que no se haga a costa de un propietario que además es discapacitado. Si el Estado decide que no pueden irse, que nos compense. Lo que no puede ser es que mi primo esté más desprotegido que ellos”.

La familia quitará la vivienda del mercado de alquiler

Tras años lidiando con esta problemática, la familia del hombre con discapacidad asegura que, cuando el proceso termine y puedan recuperar la vivienda, no volverán a ponerla en alquiler como residencia. “Lo quitaré del mercado y lo pondré como despacho o lo venderé. Y así habrá un piso menos de alquiler en Barcelona. Luego dicen que no hay oferta”, lamenta Asín.

Además, los familiares del afectado han decidido lanzar una petición en Change.org, que ya reúne miles de firmas. En la solicitud reclaman tres medidas claras, por un lado, revisiones periódicas de la vulnerabilidad de los ocupantes, que las ayudas al alquiler se entreguen directamente a los propietarios y, por último, que se exonere del pago de impuestos a quienes no puedan disponer de su vivienda por estos casos.