La diputada de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, ha anunciado este lunes que el Defensor del Pueblo ha aceptado la petición de la coalición valenciana para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 5/2025 de la Generalitat Valenciana, impulsada por la mayoría parlamentaria de PP y Vox.
En una respuesta oficial dirigida a Micó, la institución ha confirmado su compromiso de llevar al Tribunal Constitucional parte de las modificaciones que la nueva ley introduce en la normativa trans valenciana.
Compromís presentó una solicitud formal ante el Defensor del Pueblo, argumentando que la ley “vulnera derechos fundamentales y principios constitucionales esenciales” al desnaturalizar la ley trans original y suprimir derechos ya reconocidos.
Según Àgueda Micó, esta nueva normativa representa "el primer recorte de derechos de las personas LGTBI en toda la historia de la democracia valenciana“. La diputada ha criticado duramente el modelo de gestión del PP y Vox, afirmando que “atacan la diversidad, recortan derechos e intentan imponer su visión de la sociedad”.
Por su parte, el diputado de Compromís en Les Corts, Francesc Roig, ha celebrado la interposición del recurso y ha afirmado que se trata de ”un recurso contra el primer recorte de derechos de las personas LGTBI en la historia de la democracia valenciana. Ese recorte formó parte del pacto de la vergüenza entre Mazón y Vox para que el presidente responsable de 228 muertos continuara en el poder. Esperamos que el tribunal constitucional frene este recorte y defiendo los derechos de todas las personas”.
Recortes en la ley trans
La coalición ha señalado que la ley de Mazón impone requisitos médicos y psicológicos que regresan a un modelo que "considera a las personas trans como enfermas“. Además, advierten que la ambigua redacción sobre las terapias de conversión podría “relegitimar prácticas que atentan contra la integridad y la autonomía individual”.
En concreto, PP y Vox acordaron modificar la Ley trans valenciana mediante enmiendas introducidas en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat. Estas modificaciones incluyeron el reconocimiento del género sentido de las personas trans, especialmente en el ámbito educativo, deportivo y sanitario. Además, avalan prácticas encubiertas similares a las denominadas “terapias de conversión”, eliminan la inversión de la carga de la prueba en casos de discriminación, y suprimen herramientas clave para la protección y acompañamiento de las personas trans.
“Lo que se está planteando en la Comunitat Valenciana no es una reforma técnica, es un ataque político y premeditado contra la dignidad de las personas trans. Estamos ante una operación de desmantelamiento de derechos en toda regla”, denunció Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+.
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