El Colegio de Abogados de París ha sancionado con seis meses de suspensión condicional a un abogado laboralista tras confirmarse que participó en un esquema diseñado para impedir o retrasar despidos de directivos a través de certificados médicos. Este caso comenzó a perfilarse en 2022, cuando varios letrados de reconocidos despachos de derecho laboral empezaron a detectar un patrón repetido en procesos de despido de altos cargos en empresas francesas, informa Le Figaro.
El procedimiento utilizado era siempre el mismo y su frecuencia fue lo que despertó las sospechas. Cuando una empresa citaba a un directivo o empleado a una entrevista previa a su despido, este presentaba muy poco después un certificado de baja médica justificando una enfermedad profesional, casi siempre un síndrome ansioso-depresivo. Este esquema permitía que el trabajador solicite la nulidad del despido y acceda a una indemnización bastante mayor de la establecida por el baremo del Código del Trabajo.
Cita inmediata con sobrecoste
La operativa se completaba con la intervención de un psiquiatra. Los trabajadores lograban una consulta con este médico de forma inmediata, a veces incluso en modalidad telemática y aunque el paciente se encontrara fuera de Francia, concretamente en Asia o África. El psiquiatra, sin haber realizado un seguimiento previo del caso, certificaba desde la primera consulta que la dolencia tenía origen profesional. Estos hechos ocurrieron incluso cuando otro especialista ya había evaluado previamente al trabajador sin identificar una enfermedad profesional. Además, el coste de cada consulta superaba los 100 euros, una cifra muy por encima de la media en este tipo de servicios.
Este patrón fue observado por abogados pertenecientes a doce despachos diferentes, todos ellos asesores de empleadores. Ellos recopilaron documentación y casos hasta presentar la denuncia correspondiente. La connivencia entre abogado y médico se probaba, según los investigadores, por la frecuencia con la que los certificados de baja aparecían justo tras recibir la carta de citación de la empresa y por la imposibilidad de encontrar cita en la agenda del médico mediante los canales habituales de reserva, como Doctolib.
Una laguna en la ley laboral
El 8 de noviembre de 2024, la Sala Disciplinaria de Primera Instancia de la región Île-de-France del Colegio de Médicos prohibió ejercer durante un año al psiquiatra involucrado por su papel en estas prácticas. En agosto de 2025, la sanción ha llegado para el abogado laboralista, tras la resolución del Colegio de Abogados de París.
Según han manifestado desde el entorno del caso a Le Figaro, la estrategia se aprovechaba de la legislación laboral vigente, que permite impugnar o imponer condiciones más difíciles al despido si el trabajador cuenta con un diagnóstico de enfermedad profesional en el momento de la notificación. Así, bastaba con disponer de una baja médica específica para aumentar considerablemente la indemnización por despido o incluso anular la decisión empresarial.
“Una cacería humana”
El abogado sancionado, Thibaut de Saint-Sernin, niega cualquier mala praxis. Según sus palabras, recogidas por el citado medio, “no es función de un abogado recomendar un médico a sus clientes en el ejercicio de la asistencia jurídica”, y afirma haber sido víctima de una “cacería humana”.
El criterio de la Sala Disciplinaria del Colegio de Médicos fue que, aunque los abogados y los médicos pueden trabajar en redes informales de derivaciones profesionales, en este caso la mecánica observada constituía favoritismo. La práctica de presentar al psiquiatra como especialista en sufrimiento laboral a través de la red de abogados no se encuentra referenciada en ninguna web médica ni publicación científica, de acuerdo con sus conclusiones, y supone una infracción del Código de Salud Pública.
La sanción a ambos profesionales es resultado de la colaboración entre despachos de derecho laboral y colegios profesionales, que pusieron de manifiesto la existencia y la reiteración del método. La actuación disciplinaria ha sido confirmada tanto por el Colegio de Abogados de París como por el de Médicos de Île-de-France.
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