
El paso de pequeña a mediana empresa -las que tienen entre 50 y 250 trabajadores- supone un antes y un después para muchas compañías debido a que contratar al trabajador que haga el número 50 significa asumir cambios que pueden ralentizar o frenar el crecimiento de la compañía. Estos cambios van desde una estructura organizativa más compleja hasta afrontar cargas legales y laborales que disparan los costes.
“Alcanzar los 50 empleados supone un salto cualitativo en la gestión interna y un cambio drástico en las obligaciones a observar en materia laboral”, explica Alejandro Duque, abogado de Derecho Laboral en RSM Spain. Estas medidas, a su juicio, “pueden resultar especialmente gravosas para pymes sin estructura interna sólida ni representación sindical”.
Una de las medidas a tomar por los propietarios de una mediana empresa es el Plan de Igualdad, que exige un diagnóstico previo, la negociación con la representación legal de los trabajadores o, en su defecto, los sindicatos, y su inclusión en el Registro Electrónico de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo y Planes de Igualdad (REGCON). Además, incluye la auditoría retributiva para verificar que el sistema salarial cumple con el principio de igualdad entre mujeres y hombres.

Además, la normativa obliga a reservar al menos el 2% de los puestos para personas con discapacidad superior al 33%, y la implantación de un canal interno de denuncias. “Este canal implica políticas de cumplimiento, sistemas de recepción seguros y medidas de protección al informante”, explica Alejandro Duque. Además, el protocolo LGTBI obliga a disponer de medidas específicas frente al acoso y la violencia por razón de orientación sexual o identidad de género.
El coste del incumplimiento
Incumplir estas obligaciones les resulta caro a las medianas empresas. Pueden suponerles sanciones que superan el millón de euros, como en el caso de no implementar el canal interno de denuncias.
“El riesgo sancionador es el más evidente, pero no el único”, advierte Duque. Incide en que, “las empresas también se exponen a reclamaciones individuales y colectivas, recargos de prestaciones, indemnizaciones y daños reputacionales que pueden comprometer seriamente su viabilidad”.
Miedo a contratar
Otro dato a tener en cuenta es que la Inspección de Trabajo intensifica su control a partir del umbral de los 50 trabajadores y que muchos convenios colectivos incrementan las obligaciones a partir de ese número. “Esta situación lleva a muchas empresas a frenar nuevas contrataciones para no superar el umbral, contribuyendo al reducido tamaño medio de las compañías en España, y estancando su crecimiento”, subraya.

Según datos del Ministerio de Industria y Turismo, el número total de empresas pequeñas y medianas a cierre del pasado mes de mayo alcanzaron las 2.969.238, mientras que la cifra de grandes empresas de más de 250 asalariados era de 6.252.
La mejor forma de evitar problemas y sanciones es planificar con antelación para que la contratación del empleado número 50 no frene la buena evolución de las compañías. Para ello, una empresa que se acerque a los 50 empleados “debería realizar una auditoría interna” para identificar las obligaciones que se activarían y valorar si está preparada para afrontarlas tanto a nivel jurídico como organizativa, indica Duque.
En su opinión, “el crecimiento debe planificarse de forma realista y con una hoja de ruta clara porque evitar los riesgos hoy es la clave para crecer con seguridad mañana”. concluye.
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