Un tribunal ya condenó a Pozuelo (PP) por cerrar un piso para migrantes porque prima “el interés superior de la protección del menor”

El Ayuntamiento madrileño de Pozuelo de Alarcón (gobernado por el PP) ha encontrado, de repente, un resquicio administrativo para que el Gobierno central no pueda trasladar al municipio unos 400 menores migrantes que están actualmente en Canarias. Y eso que el edificio destino de estos menores, hoy reconvertido en el Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE), fue idea del Gobierno de José María Aznar en el año 2001 y fue inaugurado en marzo de 2013 con el Ejecutivo de Mariano Rajoy bajo la tutela de la Tesorería General de la Seguridad Social.

La alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, ha explicado en una entrevista a El Mundo que realizando, casualmente, “una inspección rutinaria, como en cualquier otro establecimiento, se solicitó la documentación pertinente. La sorpresa ha sido ver que carecen de licencia de actividad, de funcionamiento, de obras... Nada de nada. Lo único que tienen en vigor es una licencia de formación para la Tesorería General de la Seguridad Social”, explica la regidora. Es decir, que un inmueble que costó 86,5 millones de euros ha estado operando desde 2013 sin los permisos pertinentes. Por no tener, según la alcaldesa, un edificio terminado hace años no tiene “licencia de obras... Nada de nada”.

Y eso que entre 2013 y 2019, cuando cesó su actividad, 64.400 personas pasaron por sus instalaciones para hacer cursos de formación. El Tribunal de Cuentas, que analizó su contabilidad, señala que “a partir de abril de 2017″ el centro se empezó a explotar como “establecimiento hotelero y de restauración”. Tras casi tres años sin funciones, el Gobierno de Pedro Sánchez pensó en él para alojar a refugiados de la guerra de Ucrania. La ONG Accem empezó a gestionarlo en marzo de 2022. Una medida que fue aplaudida por entonces la predecesora Tejero. “Estamos hablando de personas que tienen que deambular por el mundo. Vamos a evitar que pase cualquier cosa fea y tengamos todo bien ordenado para que ellos puedan estar donde les podamos acoger de verdad y muy bien”, defendió la regidora en esos momentos, Susana Pérez, hoy diputada del PP con Isabel Díaz Ayuso.

Ahora, Tejero denuncia que “de la noche a la mañana lo han transformado en un centro de acogida para más de 500 personas. Es una barbaridad. No podemos permitir que esté abierto. Dios no quiera que pase nada allí, pero si pasa algo, el único responsable desde luego va a ser el Gobierno central”. La decisión de Tejero, tras una inspección municipal sorpresa, supone un paso más en la batalla que el PP ha iniciado contra la política migratoria del Gobierno central. Siguiendo la línea que marca Vox, la jefa política de Tejero, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha dado instrucciones de endurecer esta batalla contra Sánchez, sabedora que el tema de la inmigración es un tema que preocupa cada vez más a los españoles en los estudios demoscópicos.

Una sentencia de 2021

En el CREADE viven en estos momentos 404 personas con protección internacional, humanitaria o temporal. El argumento de Pozuelo es que el edificio no tiene licencia residencial, sino hotelera, y que este uso es supuestamente incompatible con que las personas permanezcan varios meses alojadas allí. El Gobierno local de Pozuelo, no obstante, ya protagonizó una ‘batalla’ parecida y la perdió, cuando el Consistorio intentó cerrar un piso de tutela de menores migrantes no acompañados dirigido por la Fundación Samu porque carecía de licencia residencial.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) determinó en julio de 2021 que prima el interés superior de la protección del menor previsto en el artículo 39.4 de la Constitución; la ‘Ley 6/95 de 28 de marzo de garantías de los derechos de la infancia’; la ‘Ley Orgánica 2/96 de 15 de enero de protección jurídica del Menor’, la 26/2015 de Protección a la Infancia’; y la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU (de 1989). Todo ello por encima de formalismos urbanísticos. Lo que hizo el TSJM es desestimar el recurso que había presentado Pozuelo contra una sentencia previa de octubre de 2019 que dejó sin efecto la resolución de Urbanismo ordenando el cierre del piso tutelado de la ONG, donde había 14 menores.

Según el plan urbanístico de Pozuelo, el uso principal del edificio CREADE (gestionado por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social) permite el hospedaje. De hecho, junto al CREADE hay una residencia de estudiantes que permite el hospedaje. El fondo del debate es si la función de acogida humanitaria exige o no una nueva calificación urbanística, y si el tipo de personas alojadas cambia el uso del inmueble. La sentencia del TSJM del 2021 señala que prima “el principio del interés superior del menor, estableciendo como objetivo de los poderes públicos lograr la plena integración de estos menores en la sociedad española".

15 días para alegaciones

Fuentes del PP de Pozuelo consultadas, no oficiales, señalan que es difícil defender la posición del Ayuntamiento: “Es decir, que los refugiados ucranianos se pueden hospedar sin límite de tiempo, pero para los migrantes africanos hay que limitarlo en el tiempo”. El Gobierno tiene ahora 15 días para presentar alegaciones. “Resulta difícil de entender que el mismo Ayuntamiento de Pozuelo que en 2022 acogió sin reparos a familias ucranianas que huían de la guerra, como debía ser, se niegue ahora siquiera a contemplar la llegada de menores migrantes no acompañados que también huyen de la violencia, la pobreza extrema o los conflictos. No puede haber solidaridad selectiva según el color de piel, el país de origen o la coyuntura política. Todos los niños merecen la misma protección. La humanidad y la legalidad no se aplican a conveniencia”, explica Helio Cobaleda, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento.

“Además, señalar ahora que el centro no cumple con la normativa demostraría que han sido negligentes desde 2022 y sin duda demuestra que el PP de Pozuelo ha virado a posiciones incomprensibles, pues el conjunto de partidos aprobamos con la crisis de refugiados siria ser ciudad acogedora en Pleno, por unanimidad, y ahora quieren colocar de forma lamentable a la ciudad en las antípodas, como una ciudad que prejuzga, señala y discrimina solo por el color de piel”, finaliza Cobaleda.

Los chavales procedentes de Canarias que el Gobierno quiere realojar en Pozuelo proceden en su mayoría de Mali, cuyo conflicto, recrudecido el año pasado, ha provocado oleadas de violencia contra civiles, así como la expansión de la guerra hacia otras zonas del país. Son niños y, como los ucranianos, huyen de la guerra. La inspección municipal se realizó esta misma semana y el Ayuntamiento notificó la orden de cierre al Gobierno este miércoles. Las entrevistas que ha estado dando últimamente la alcaldesa Tejero, cuando el Ejecutivo central puso a Pozuelo como destino de estos menores, han subido de tono vinculando delincuencia con inmigración, pero no con cualquier inmigración, solo con la procedente del continente africano. En el digital Okdiario Tejero señaló que “los vecinos de Pozuelo y yo misma estamos aterrorizados (...) Aparecen autobuses de subsaharianos sin previo aviso, todos uniformados con capuchas y plumas, y generaron terror”. Fuentes socialistas señalan que lo que hace la alcaldesa es seguir las instrucciones de Ayuso, que según aseguran llamó a Tejero para que intentara complicar la llegada de estos migrantes al municipio. La inspección sorpresa y el orden de cese cautelar de la actividad del CREADE es la respuesta. El Consistorio recuerda que “el cese de la actividad tiene efecto inmediato y por eso el Gobierno tiene la obligación de reubicar a los actuales residentes en otros recursos legalmente establecidos”.