Cuando el Estado también desahucia: 28 familias de Madrid temen ser desalojadas tras 20 años de alquiler y “sin alternativas realistas”

Hace 20 años, una treintena de familias en Madrid logró una vivienda asequible -que no superaba el 30% de sus ingresos- a través de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), un programa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dirigido a personas jóvenes. Ahora, sin embargo, temen perder el hogar en el que han vivido durante todo este tiempo en barrios como Argüelles, Lavapiés, Ventas y Pacífico, ya que su casero, el Estado, les ha comunicado que no renovará sus contratos y “solo les ha ofrecido como única alternativa la compra de sus viviendas, tasadas por encima del valor catastral" en un mercado inmobiliario con los precios en máximos históricos, tal y como ha denunciado el Sindicato de Inquilinas, que asegura que algunas de esas casas alcanzarían más de un millón de euros.

“El Estado les ha ofrecido un precio de compra con los estándares actuales, unos precios completamente inflados e inasumibles para cualquier persona o familia media. En la práctica es una vulneración del derecho a la vivienda de esas familias, les están expulsando, y es difícil imaginar que puedan tener alternativa habitacional después de 20 años viviendo allí”, explica a Infobae España Lucas Vaquero, uno de los portavoces del Sindicato de Inquilinas en Madrid.

Por ello, la organización considera que se trata de desahucios invisibles, aquellos que no quedan reflejados en las estadísticas oficiales porque no se producen mediante una orden judicial, pero sí mediante vías como la no renovación de los contratos de alquiler o la presión por parte de propietarios particulares o fondos buitre para que abandonen sus inmuebles. “Hay un sentimiento de estafa muy grande”, añade el portavoz de esta organización que lleva años luchando por contra la especulación y la precariedad en el acceso a la vivienda.

Aunque la Sociedad Pública de Alquiler se disolvió cuando el Partido Popular liderado por Mariano Rajoy asumió el Gobierno, algunos de esos contratos continuaron vigentes, y fueron asumidos por la Tesorería General de la Seguridad Social. Desde entonces, denuncia el sindicato, los alquileres “han subido un 30% y ahora el Estado pretende vender estos inmuebles a precios especulativos, sin ofrecer alternativas viables” a estos vecinos. De hecho, según los datos de la tasadora Tinsa by Accumin, solo en el segundo trimestre del año el precio de la vivienda nueva y usada en España se ha incrementado un 9,8% a nivel interanual y un 2,6% en tasa trimestral.

Meses de negociación sin soluciones conjuntas

El sindicato lamenta que a pesar de llevar meses exigiendo una negociación colectiva para estabilizar la situación de estas 28 familias, la Tesorería General de la Seguridad Social ha rechazado establecer cualquier tipo de comunicación “en lugar de buscar soluciones conjuntas” como ceder el uso de las viviendas a una cooperativa gestionada por los propios inquilinos o una renovación de contratos con las mismas condiciones. “El Estado prefiere subastar estas viviendas y dejarlas caer en manos de fondos buitres o promotoras inmobiliarias que las reforman y las destinan a pisos turísticos”.

También critican que no se trata de los únicos pisos que tiene este organismo público, sino que “posee más de 800 viviendas vacías”, según un informe del Tribunal de Cuentas correspondiente a noviembre de 2019, muchas de las cuales “están abandonadas desde hace más de una década, lo que ha generado al Estado un coste de 143 millones de euros”.

Plantar cara a la “ofensiva especulativa”

Pero lejos de rendirse, ante el posible desalojo los inquilinos de estos bloques han decidido, al igual que otros vecinos de Madrid en peligro de desahucio, “hacer frente a esta ofensiva especulativa”, pues no se trata solo de defender sus casas, aseguran, “sino de plantar cara a un modelo que busca privatizar vivienda pública, ponerla en manos de intereses privados, destruir barrios y contribuir a la creciente emergencia habitacional que afecta a miles de personas”.

Entre los vecinos afectados hay perfiles de todo tipo, desde familias con hijos menores a su cargo a jóvenes migrantes, y por el momento no les han comunicado ningún plazo para que abandonen sus casas. Lo que les resulta más sorprendente, dice a este medio uno de los afectados que vive con su hija pequeña y que prefiere no revelar su verdadero nombre por temor a represalias, es que sean administraciones del Estado “las que están actuando de esta forma cuando luego los discursos políticos del Gobierno van en el sentido opuesto”. Y es que aunque el Ejecutivo de Pedro Sánchez apuesta por convertir la vivienda en “el quinto pilar del Estado del bienestar”, añade el joven, las medidas implementadas no abordan la raíz del problema “ni mejoran las condiciones de vida de los inquilinos”.

Para este padre marcharse de la casa en la que ha vivido en los últimos años supone un “desarraigo”, pues es el lugar donde ha visto crecer a su hija.

Desde el sindicato también recuerdan que esta no es la primera vez que el Estado “actúa como un fondo buitre”, pues también la Sareb, la sociedad encargada de gestionar miles de activos inmobiliarios procedentes de la crisis financiera y conocida como el “banco malo”, ha actuado de forma similar en otros casos, al negar la renovación de contratos de alquiler.