El pueblo extremeño que no quiere que una empresa valenciana gestione su agua aunque ganó el contrato: un tribunal amenaza con sanciones a un ayuntamiento socialista

Guareña es un pequeño pueblo extremeño de 7.300 habitantes. La propia web del municipio explica que el nombre de la localidad “se identifica como hidrónimo, es decir, el término está vinculado con el agua”. Casualidades del destino, la gestión del agua está siendo en la actualidad motivo de un conflicto judicial que dura ya años. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) acaba de ordenar al Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, que cumpla de una vez por todas una sentencia anterior que avalaba la adjudicación de la “concesión del servicio de abastecimiento domiciliarios y agua potable, alcantarillado y depuración” a la UTE formada por las empresas Aqlara y Construcciones Majoin. Aqlara es una firma valenciana (que antes se llamaba Tecvasa) controlada por el fondo Quaero Capital.

En un auto fechado el pasado 24 de julio, el TSJE amenaza incluso con adoptar las “correspondientes medidas coercitivas de no realizar las actuaciones pertinentes para la inmediata adjudicación del contrato a la ejecutante”. Y es que Aqlara ha pedido en reiteradas ocasiones que el Consistorio cumpla lo que ya han dictado los tribunales, en una sentencia que es firme desde noviembre de 2023. El asunto, al tener origen en tierras extremeñas, tiene su miga. El Consistorio adjudicó en diciembre de 2022 el sistema de distribución del agua del municipio a FCC Aqualia, otra firma del sector.

El sistema de suministro es sencillo. La localidad se abastece gracias al embalse del Zújar, y luego a través de 40 kilómetros de tuberías lleva el agua a una estación de depuración, donde pasa a un depósito y finalmente a los hogares de Guareña. Pero en mayo de 2022, meses antes de la formalización definitiva del contrato, la UTE Aqlara-Majoin presentó un recurso al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Extremadura porque entendía que la oferta que había presentado FCC Aqualia era “anormalmente baja” y que la Mesa de Contratación no había pedido a este licitador que justificara esa oferta “tan desproporcionada”. Aqualia era en esos momentos la empresa que ya gestionaba ese servicio en Guareña y se había vuelto a presentar al contrato y lo había ganado.

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales admitió el recurso de Aqlara y Majoin, ya que estaba en juego un contrato de 3,3 millones de euros por un periodo de cinco años. Pero el Ayuntamiento no vio ninguna temeridad en la oferta de FCC-Aqualia y le adjudicó el servicio. ¿Por qué? Porque se basó en el informe que encargó a otra empresa externa, Ineagua, para que baremase los criterios del proceso de licitación. Esta firma consideró que Aqualia, “por el amplio volumen de contratos que tienen, puede negociar con los proveedores acuerdos globales en condiciones ventajosas de mercado, lo que se traduce en mejores precios”. Su oferta era “viable”.

El camino de los tribunales

A la firma valenciana, que también tiene presencia en Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja y Cataluña dando servicio a unos 130 municipios y 350.000 personas, no le quedó más remedio que ir a instancias judiciales superiores. En noviembre de 2023, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJE dictó sentencia excluyendo “la oferta presentada por FCC AQUALIA” y acordar la adjudicación del contrato a Aqlara. ¿El motivo? El tribunal determinó que la oferta de FCC-Aqualia había incumplido las prescripciones del pliego y debió ser excluida.

Infobae España ha intentado hablar con el Ayuntamiento de Guareña para preguntarle por qué, tras la sentencia de noviembre de 2023, no la ejecuta y adjudica el contrato a la UTE Aqlara-Majoin. No ha obtenido respuesta. En cambio, el Consistorio ha decidido alargar el proceso para evitar esa adjudicación. ¿Cómo? El Ayuntamiento decidió retrotraer el expediente de licitación, excluyendo la oferta de FCC-Aqualia, y analizando de nuevo las ofertas del resto de licitadores. Casualmente, determinó en febrero de 2025 que la de Aqlara podría tener valores desproporcionados. A pesar de que en el proceso de licitación previo ya se determinó que la oferta de Aqlara no incurría en temeridad.

Guareña contrató a otra empresa (INCO Estudio Técnico SL) para analizar la oferta de Aqlara, que en junio de 2025 determinó que la empresa valenciana “no justifica motivadamente la viabilidad de su oferta, llegando a la conclusión de que la oferta realizada no permite la correcta ejecución del contrato. Por tanto, se considera la oferta de UTE AQLARA-MAJOIN como ANORMALMENTE ALTA”. El TSJE, en cambio, lo tiene claro. En un auto fechado hace unos días el tribunal señala que las “actuaciones” llevadas a cabo por el Ayuntamiento “se alejan del fallo de la sentencia que se está ejecutando, actuando de forma contraria a lo acordado por este Tribunal”.

“El fallo es claro”

El TSJE prosigue. “El fallo es muy claro cuando acuerda la adjudicación del contrato a Aqlara Ciclo Integral del Agua y Construcciones Majoin. En ningún momento se acordó la retroacción de actuaciones a efectos de que se volvieran a valorar las ofertas presentadas. El procedimiento de adjudicación estaba concluso y las diferentes licitadoras tenían asignadas sus puntuaciones, por lo que no puede ahora volver a estudiarse si las ofertas eran temerarias o no. Así pues, resultan improcedentes todas las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento de Guareña a dichos efectos y se le apercibe de que debe adoptar los trámites pertinentes para la adjudicación inmediata del contrato a la ejecutante".

Si no lo hace, la instancia judicial más alta de Extremadura amenaza a Guareña con “las medidas coercitivas pertinentes”. Un portavoz de la empresa Aqlara se limita a señalar que “los tribunales han dado un ultimátum al ayuntamiento para que acate las resoluciones judiciales; es inaudito que una administración pública se haya negado a cumplir una sentencia”.