El Supremo manda al banquillo al fiscal general, absuelve a la jefa provincial y no ve acreditado que actuara por indicaciones de Moncloa

El Tribunal Supremo ha confirmado este martes el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con el voto particular del magistrado Andrés Palomo en la Sala de Apelación, por presunta revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Por contra, la corte absuelve a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, quien queda definitivamente apartada de la causa.

La acusación contra García Ortiz se sustenta en la supuesta filtración de información sensible relativa a una investigación por delitos fiscales dirigida contra González Amador, hechos por los que las acusaciones solicitan una condena máxima de hasta seis años de prisión para el fiscal general.

Eso sí, el Supremo no ve probado que García Ortiz actuara por indicaciones de Presidencia del Gobierno, es decir de Pedro Sánchez, como indica el instructor del caso. “Ciertamente esa afirmación fáctica -señala- no ha sido acreditada con suficiencia, por lo que su inclusión en el relato fáctico era prescindible”.

En su resolución, el instructor, Ángel Luis Hurtado, insistió en que el jefe del Ministerio Público actuó en las horas clave de la presunta filtración “a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno”. Este hecho ha quedado ya fuera de plano al no haberse hallado evidencias. “El reproche formulado -añade la sala- carece de relevancia alguna en la medida en que la continuación del proceso acordada no afecta a ninguna persona vinculada con esa institución”.

El Gobierno, al que esta noticia ha pillado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha ratificado su apoyo a García Ortiz.

La Abogacía pide 3 años para González Amador

También en las últimas horas, la Abogacía del Estado ha fijado en 3 años, 9 meses y un día la petición de prisión para González Amador, esta vez en el proceso judicial en el que se le acusa de defraudar 350.951 euros a la Agencia Tributaria y de falsificar documentos mercantiles. La solicitud va acompañada de una multa de 448.000 euros, una cantidad alineada con la pena que también propuso la Fiscalía.

La Abogacía del Estado desgrana en su escrito de acusación la manera en que González Amador habría utilizado supuestas facturas falsas, emitidas y registradas a través de la sociedad Maxwell Cremona, para deducir gastos inexistentes y, así, reducir la base imponible del impuesto de sociedades correspondiente a los ejercicios 2020 y 2021. El documento identifica un total de 15 facturas “registradas contablemente en los años 2020 y 2021 por Maxwell”, que, a juicio del órgano acusador, carecen de veracidad y soportan presuntamente los delitos imputados.

En este contexto, se señala que durante el año 2020 -con la pandemia de coronavirus como telón de fondo- González Amador se dedicó también a actividades de intermediación en compraventa de productos sanitarios, lo que contribuyó a un aumento de ingresos en Maxwell durante los ejercicios 2020 y 2021. Posteriormente, en 2021, la sociedad inició nuevas relaciones comerciales con Quirón Prevención S.L. que, según se expresa en el informe, continuaron incrementando el volumen de negocio de la empresa.

Además, la acusación pone de relieve la estrategia supuestamente desarrollada por el empresario, que habría consistido en trasladar artificialmente parte de la actividad de Maxwell a otra sociedad bajo su control, Masterman & Whitaker S.L., con el objetivo de decidir discrecionalmente en qué empresa tributar parte de los ingresos obtenidos en 2021. Este mecanismo ha quedado reseñado en los informes remitidos por la Agencia Tributaria, incluidos en el sumario.

El procedimiento ha estado marcado también por un intento de acuerdo previo al procesamiento: uno de los abogados de González Amador, Carlos Neira, propuso por correo electrónico al fiscal responsable un pacto por el que González Amador admitía dos delitos fiscales, lo que hubiera posibilitado una rebaja de condena y evitar la celebración del juicio. La difusión de ese correo propició la apertura de la investigación al fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo.