Una mujer acoge al sobrino de su marido fallecido y le okupa la casa: la Justicia archiva la denuncia pese a los destrozos y los robos estimados en 200.000 euros

Una historia que comenzó con un gesto de generosidad ha acabado, por ahora, en una pesadilla legal sin consecuencias penales. Céline, una mujer de 52 años residente en Aucamville (Francia), aún no puede creer la noticia: la justicia ha decidido archivar su denuncia tras más de un año de espera. Su sobrino político, al que alojó por compasión tras la muerte de su marido, acabó apropiándose de su casa, vaciándola y dejando tras de sí un reguero de destrozos y pérdidas materiales que, según ella, superan los 200.000 euros.

“En esta historia, he perdido cerca de 200.000 euros. La decisión judicial es, simplemente, escandalosa. La investigación fue chapucera”, denuncia Céline a La Dépêche du Midi. Su relato fue publicado por primera vez en abril de 2024, cuando aún tenía esperanzas de que el sistema judicial respondiera a lo que considera un abuso con todas las letras.

Según explica, en el verano de 2022 su marido falleció a los 78 años, dejándole en herencia la vivienda familiar. Pocos meses después, aún en estado de vulnerabilidad emocional, accedió a acoger a Olivier (nombre ficticio), el sobrino del difunto, que atravesaba dificultades económicas. “Estaba algo perdida en aquel momento. Olivier necesitaba un sitio donde quedarse y acepté acogerle sin pedir nada a cambio”, explicó Céline.

“Le abrí una cuenta y le daba dinero para que pudiera vivir”

Durante las primeras semanas de convivencia, todo transcurrió sin incidentes. Céline incluso le abrió una cuenta bancaria a Olivier y le ingresaba dinero regularmente. “Era para cubrir sus necesidades diarias. Quería ayudarle en nombre de mi marido”, aseguró en su momento.

Sin embargo, la relación se deterioró drásticamente cuando Céline decidió poner a la venta la vivienda. Olivier, que se había encariñado con la casa pero carecía de medios para comprarla, reaccionó de forma inesperada. Aprovechando una ausencia temporal de Céline —que se había desplazado a casa de su madre—, cambió las cerraduras de la casa y retuvo en el interior tanto sus pertenencias como documentos personales.

El 27 de junio de 2024, el juez de los contenciosos y de la protección ordenó su expulsión. Cuando el alguacil acudió a ejecutar la orden, el panorama era desolador. “La casa estaba casi vacía, los muros con agujeros y los daños eran numerosos”, relató Céline.

Una segunda intrusión y una colección de motos desaparecida

Apenas unas horas después del desalojo judicial, la casa fue nuevamente violentada. “Un hombre se coló, forzó las cerraduras y se llevó lo poco que quedaba dentro”, afirmó la víctima. A finales de agosto de 2024, presentó una nueva denuncia, esta vez por robo. Entre los objetos sustraídos figuraban varias motos de colección.

“No entiendo por qué los gendarmes no detuvieron a mi sobrino. Solo lo interrogaron en una declaración libre, a pesar de que admitió haberse llevado una de las motos. Es fácil probar que revendió el resto a un mecánico”, denunció con indignación.

La policía efectuó un registro en el domicilio de la pareja de Olivier, sin éxito. “¿Por qué no buscaron directamente en su casa? Todo se hizo deprisa y mal”, lamenta Céline, visiblemente afectada. El perjuicio económico es, según sus cálculos, demoledor. Más aún, las consecuencias emocionales han sido devastadoras.

Ahora, Céline y su abogado, el letrado Joris Morer, han presentado un recurso ante el fiscal general con la esperanza de reabrir el caso. “Quiero que se siente en el banquillo. El daño económico es enorme y las secuelas psicológicas, profundas”, afirma.