La mentira del “síndrome de alienación parental” por el que la Justicia italiana ha obligado a Juana Rivas a entregar a su hijo menor a Arcuri

Este viernes se ha producido finalmente la entrega de Daniel, el hijo menor de Juana Rivas, a Francisco Arcuri. Así lo decidieron el Tribunal de Apelaciones de Cagliari, que ratificó la custodia del niño para la expareja de Rivas, y el Juzgado de Instrucción número 3 de Granada, que estableció que inicialmente la devolución del menor debía producirse el pasado martes 22 de julio para cumplir con la decisión de la Justicia italiana.

Sin embargo, Daniel no regresó a Italia en ese momento. Tanto Arcuri como Rivas y sus hijos llegaron al Punto de Encuentro Familiar de Granada rodeados de un gran revuelo mediático: el primero, tranquilo, con “ganas de abrazar” a su hijo, de “volver a casa y a nuestra vida”; los segundos, entre la preocupación y la desesperación, con su equipo jurídico, asesores y simpatizantes con su causa.

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Tras producirse dificultades que impidieron que la devolución se realizase según unas condiciones adecuadas, la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Granada decidía aplazar la entrega hasta este viernes, cuando finalmente se ha producido en los Juzgados de La Caleta de Granada, en unas condiciones distintas a las del pasado martes.

La batalla judicial entre Arcuri y Rivas se remonta a 2009, cuando el italiano fue condenado a tres meses de prisión y una orden de alejamiento por un delito de maltrato a su expareja. Desde entonces, se han producido muchas otras denuncias. En 2017, después de que la Justicia italiana concediese la custodia de los hijos de ambos (en ese momento, los dos menores), Rivas desobedeció la orden judicial de entregarlos y desapareció con ellos, por lo que fue condenada por un delito de sustracción de menores, cuya pena fue reducida por el Tribunal Supremo y parcialmente indultada por el Consejo de Ministros.

Ahora, la Audiencia Provincial de Granada ha decidido iniciar un procedimiento penal contra Juana Rivas por presunta sustracción de su hijo Daniel durante estos siete meses en los que ha estado viviendo, desde las Navidades, en Macarena (Granada) con ella y con su hermano Gabriel, ya mayor de edad y residente en España. Así, queda formalmente imputada porque la custodia del menor continúa estando, según lo establecido por la Justicia italiana, en manos de Arcuri.

El Tribunal de Cagliari basó su decisión de negarle la custodia de su hijo menor a Juana Rivas en el supuesto “síndrome de alienación parental” (SAP). Así, en los informes que aparecen en el fallo judicial se consideraba que la madre tiene “un funcionamiento psíquico gravemente patológico” que la habría llegado a manipular a sus hijos para que estos tuviesen mala relación con Arcuri. Este concepto, sin embargo, carece de rigor científico y no está reconocido, lo que no ha impedido que sea avalado como argumento para que Daniel regrese a Italia con su padre, que el 18 de septiembre se enfrentará a un juicio por un presunto delito de malos tratos continuados contra sus hijos.

¿Qué es el “síndrome de la alienación parental”?

El término “síndrome de alienación parental” fue introducido en 1985 por el psiquiatra Richard Gardner como una “manipulación o programación del hijo por parte de uno de los padres para que odie al otro sin ninguna justificación”, definen los doctores en Derecho Javier Martínez Calvo y María Jesús Sánchez Cano en su estudio jurídico sobre este caso.

Los dos miembros del Grupo de Investigación Ius Familiae de la Universidad de Zaragoza destaca que este presunto síndrome es uno de los aspectos que tuvo en cuenta el Tribunal de Cagliari para concederle la custodia a Arcuri, así como “la obstaculización de las relaciones entre los hijos y su padre” y “su inaptitud para asumir el cuidado diario de los menores”, pero no “la posible presencia de violencia de género en la pareja”.

El síndrome de alienación parental de Gardner podría presentarse a través de la difusión de información falsa, el fomento de sentimiento de miedo o culpabilidad y/o la distorsión de la percepción del niño hacia el otro padre, que es lo que la Justicia italiana determina que ha motivado el temor y el relato de abusos que narran tanto Daniel como Gabriel.

Términos similares para designar este supuesto proceso serían el “síndrome de Medea”, cuando el progenitor hace daño físico o psicológico a su hijo para causar dolor al otro progenitor, o “el síndrome de la madre maliciosa”, argumentos utilizados para defender a personas acusadas de maltrato o agresiones sexuales y que, en un gran porcentaje de los casos, deslegitiman el relato de sufrimiento de mujeres y niños.

Este supuesto síndrome no está reconocido ni por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) de la American Psychiatric Association (APA) ni por la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, desde la ONU y otros organismos se denuncia que su utilización propicia decisiones judiciales sesgadas y el Gobierno de España incluso se ha propuesto prohibirlo definitivamente en las leyes relacionadas con la infancia.

El riesgo de su utilización en los juzgados

En 2011, el entonces Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad elaboró un informe sobre el llamado síndrome de alienación parental a partir de una petición del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. En él, psicólogos, psiquiatras y abogados demostraron los riesgos de la aplicación de este concepto.

“El inconsistente planteamiento ha logrado introducirse en la práctica forense de los Juzgados de Familia, Penales y de Violencia de Género y está causando verdaderos estragos en el tratamiento de los conflictos de separación y divorcio en la sociedad española al haber proliferado la alusión al producto SAP en las sentencias de las diferentes instancias jurisdiccionales, llevando camino de su generalización”, exponen en el informe.

Este diagnóstico no solamente presupone que el menor miente, sino que “no se respetan sus manifestaciones y se minimizan situaciones de abuso y maltrato”. Este argumento, esgrimido muchas veces como arma arrojadiza para defenderse de acusaciones de violencia, supone un serio problema para los niños, que buscan protección en los tribunales y lo que encuentran en su lugar es la obligación de continuar conviviendo con sus maltratadores, amenazando así su seguridad.

La importancia de escuchar y proteger

Gabriel, el hermano mayor de Daniel, se ha referido en una carta reciente a los “cinco años de abuso y maltrato” que habría sufrido por parte de su padre. Cuando cumplió los 16 años, en 2022, edad en la que las legislaciones española e italiana consideran que un menor cuenta con mayor capacidad de decisión en cuanto a custodias y residencias, expresó que quería vivir en España con su madre y así fue.

“Ahora tenemos la perspectiva temporal que nos demuestra que lo que se decía de Gabriel no era cierto”, explicaba en el programa La hora de La 1 de este viernes Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, con respecto a la manipulación que los tribunales italianos establecen que Rivas habría realizado sobre sus hijos. “Gabriel ya puede hablar con libertad porque es mayor de edad y explica que nada de lo que se dijo entonces era cierto”.

“No permitan que lo seden y entreguen mañana, como hicieron conmigo hace ocho años. Escuchen a Daniel antes de que sea demasiado tarde”, expresaba Gabriel en su carta. Pero el menor ya se encuentra de nuevo con su padre, pese a que todavía no se ha llevado a término el juicio por presuntos malos tratos que Arcuri enfrentará en septiembre de este año.

Si la Justicia italiana determina entonces que Francesco es culpable de maltratar de forma continuada a sus hijos, sería la demostración de que el sistema judicial ha fallado a un niño que ha reiterado en múltiples ocasiones que no quiere vivir con su padre y que ha manifestado un sufrimiento que habría padecido durante años. Sería la confirmación de que se oyó a Gabriel y a Daniel, pero que no se les escuchó verdaderamente.