Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, no esquivará finalmente el banquillo. La titular del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid ha rechazado el recurso interpuesto contra su procesamiento al apreciar “claros indicios” de que se sirvió de facturas falsas para defraudar, presuntamente, 350.951 euros a Hacienda.
En un auto emitido este jueves, al que ha tenido acceso la agencia EFE, la jueza rechaza el recurso de los abogados de este empresario contra la resolución en la que proponía juzgarle por presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental, por los que la Fiscalía pide para él tres años y nueve meses de cárcel.
La magistrada apunta que los indicios contra González Amador se basan en informes de la Agencia Tributaria y en una serie de documentos que “ponen de manifiesto la extensa y pormenorizada investigación llevada a cabo por peritos imparciales”. De todo ello, subraya, “se desprende la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos de los tipos penales al existir claros indicios de que se dedujo gastos ficticios al amparo de facturas falsas al no haberse producido las operaciones referidas en los conceptos facturados”.
En esta pieza principal del caso, González Amador está procesado junto a otros cuatro empresarios por defraudar, presuntamente, 350.951 euros entre 2020 y 2021, y utilizar para ello un supuesto entramado de facturas falsas.
Sospechas de comisiones encubiertas en los negocios con Quirón
Pero continúa, a la vez, investigado en una pieza separada por presunta corrupción en los negocios con Quirón Prevención, en la que las acusaciones que ejercen Más Madrid y el PSOE sospechan que pagó a la mujer de un directivo de esta empresa -al que han pedido imputar- una comisión encubierta de 499.836 euros.
La magistrada considera, además, “innecesarias” las diligencias solicitadas por los abogados de González Amador, “atendiendo a los indicios de participación del recurrente en los delitos imputados”, y le recuerda que podrá proponerlas en el juicio.
En otro auto, la magistrada deniega el recurso presentado por Alberto González Amador contra su negativa a practicar diferentes diligencias, al considerarlas inútiles en la fase de instrucción. Afirma que ninguna indefensión se ha causado por la denegación de esas diligencias, y subraya que se han tenido en cuenta los informes de las inspectoras de Hacienda, ratificados en sede judicial y a la documental, con “casi 1.500 elementos que obran en el expediente administrativo y que se tuvieron en cuenta para su elaboración”.
Sobre el argumento de la defensa de González Amador en el sentido de que se vulneraron sus derechos porque no le permitió declarar en le proceso, la magistrada recuerda que él y el resto de investigados se acogieron a su derecho a no declarar el 24 de febrero, cumpliéndose lo estipulado en la ley, sin que luego lo volviera a solicitar.
Noticia con información de EFE
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