Así será el nuevo método de oposición del Gobierno para los altos funcionarios

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha anunciado un nuevo modelo de acceso al empleo público que supondrá una reforma sustancial del sistema de oposiciones para los grupos A1 y A2. El planteamiento contempla una formación reglada de dos años para los aspirantes, según la información de Europa Press. La propuesta ha sido presentada por la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, y el ministro del ramo, Óscar López, durante la presentación del documento Consenso para una Administración Abierta, una estrategia que persigue transformar digitalmente la Administración General del Estado.

El nuevo modelo tiene como objetivo adaptar el acceso a la función pública a las nuevas profesiones surgidas en los últimos años. Según se ha explicado, la formación se impartirá a través de institutos y escuelas de formación pública. Además, han anunciado que se convocarán más plazas de las necesarias en sendos grupos para que los aspirantes que hayan pasado la prueba de ingreso, los opositores tendrán que superar un examen obligatorio para obtener el puesto

Asimismo, Mapelli y López han indicado que los itinerarios estarán estructurados en función de créditos ECTS, con 120 créditos para los cuerpos y escalas del subgrupo A1, 90 para el subgrupo A2, 60 para el grupo B, 30 para el C1 y 10 para el C2. No obstante, la formación en estos dos últimos se recibirá una vez se haya accedido al puesto, mientras que el resto de categorías mantendrán el modelo actual. Además, aquellos que no superen la evaluación final, recibirán un título con reconocimiento oficial por los estudios realizados.

Cómo se organizará el curso formativo que cuenta con una inversión de 43 millones

La secretaria de Estado ha defendido que este nuevo sistema garantizará una igualdad efectiva entre quienes opten a estos cuerpos superiores. De esta manera, como ha señalado Mapelli, permitirá que el anterior modelo basado en la tasa de reposición quede superado. Así, esta tasa dejará de ser un problema para la Administración, en cuanto a una visión cuantitativa, ya que tendrá una mejor planificación. En un aspecto cualitativo, se dará una vía de entrada a las nuevas profesionales que han surgido. Del mismo modo, han afirmado que el modelo se vinculará al sistema de becas del Ministerio de Educación con el objetivo de garantizar el acceso en condiciones de equidad y dar el “máximo rigor y formación”.

Según han mencionado, el nuevo modelo de acceso forma parte de una estrategia más amplia de modernización de la Administración pública. Por su parte, Óscar López ha asegurado que el Consenso para una Administración Abierta supondrá “la mayor evolución de la Administración desde Internet”. Y es que, esta transformación, iniciada en marzo de 2024, contempla un presupuesto de 43 millones de euros, con cargo a las aplicaciones presupuestarias del Ministerio de Función Pública.

Una de las principales líneas de actuación será la creación de una plataforma soberana de Inteligencia Artificial, cuyo coste asciende a 14 millones de euros. Esta herramienta servirá para simplificar trámites administrativos, anticipar las necesidades de empresas y ciudadanos y extender el uso de tecnologías como el Kit Digital. En este contexto, el ministro ha expuesto: “Queremos una Administración más cercana, por ello, vamos a aprovechar el uso de la nueva tecnología para eliminar la obligatoriedad de la cita previa”.

Esta medida, sin embargo, requerirá desarrollo reglamentario y no se ha concretado una fecha para su entrada en vigor. López también ha señalado que se incorporará la tecnología SimplexEsp, que permitirá agilizar la burocracia mediante borradores automatizados, al estilo de los ya utilizados en la declaración de la renta, para otros procedimientos como la solicitud de ayudas de la PAC. Otra de las novedades será la creación de una oficina “todo en uno” para concentrar varios servicios de la Administración en un único punto de atención.

El ministro ha explicado que el objetivo es que, por ejemplo, se pueda acudir a una oficina de Correos a realizar trámites de empadronamiento. “Con proyectos como el de hoy vamos a poner en marcha la fábrica del Estado. Se trata de ver qué productos ofrece el Estado a los ciudadanos para realizar todos los procesos y facilitar su servicio”, ha indicado López. Igualmente, ha subrayado la necesidad de que esta estrategia cuente con el respaldo de las comunidades autónomas.

Evaluación externa y alineamiento europeo

Además de la aprobación de las comunidades, el plan ha sido sometido a consulta pública y ha recibido más de 400 aportaciones. Con este proyecto, se prevé una evaluación expost de su aplicación, incluida la elaboración de un informe por parte de la OCDE en el año 2027.

Este plan obedece a las demandas de la Comunicación ComPAct de la Comisión Europea, que instó a los Estados miembros a fortalecer su espacio administrativo. Así, la respuesta española se articula en tres ejes: organizativo, con la creación del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública; estratégico, con la publicación del Consenso para una Administración Abierta; y normativo, mediante el desarrollo de una nueva ley para la transformación del Estado.

De esta forma, cinco de los 18 proyectos que recoge el documento están orientados a reforzar las capacidades del sector público, incluyendo los sistemas de IA y espacios de datos, la gestión previsional de recursos humanos, el empleo público proactivo e inclusivo, el liderazgo en la función pública y la mejora de condiciones laborales a través del diálogo social.