El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha presentado este miércoles una querella ante el Tribunal Supremo contra la líder de Podemos, Ione Belarra, por un presunto delito de odio e injurias graves hacia los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La acción judicial busca que el alto tribunal investigue las declaraciones públicas de la parlamentaria, a las que el sindicato atribuye un impacto negativo sobre la imagen y el prestigio de los cuerpos policiales.
Durante su comparecencia ante los medios de comunicación en Torre-Pacheco (Murcia), Belarra achacó este martes las agresiones xenófobas registradas en los últimos días en este municipio al “terrorismo de extrema derecha”, y atribuyó a Vox la “autoría intelectual” de esta espiral de violencia. Además de arremeter contra el Gobierno por su “inacción”, criticó directamente a los policías porque, en su opinión, han estado “compadreando con los neonazis en vez de proteger a los vecinos y las vecinas que tienen derecho a vivir con tranquilidad en su pueblo”.
La querella sostiene que las manifestaciones de Belarra constituyen una acusación “generalizada y difamatoria” contra la actuación profesional de los agentes, al sugerir la existencia de vínculos ideológicos entre funcionarios públicos y grupos radicales neonazis. Según el SUP, estas declaraciones “implican una seria descalificación pública de la conducta profesional del conjunto de seguridad del Estado” y no se limitan a un pronunciamiento político, sino que suponen “una acusación genérica, falaz y gravemente ofensiva”.
La organización argumenta que el efecto de las afirmaciones de la diputada no es “neutro ni abstracto”, ya que fueron emitidas ante medios de comunicación nacionales y, por tanto, tienen una “influencia social” capaz de generar “sentimientos de hostilidad y rechazo” hacia los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La querella subraya que la masiva difusión de estas declaraciones “agrava notablemente las injurias, debido al alcance y repercusión que dichas expresiones pueden generar en la sociedad y en la imagen pública que esta tenga sobre las Fuerzas de Seguridad del Estado”.
Sus expresiones tienen como finalidad “el descrédito y desprestigio” de este colectivo
En el documento presentado ante el Tribunal Supremo, el SUP recuerda que el bien jurídico protegido por el delito de injurias graves es el prestigio de las instituciones, citando la Sentencia nº252/2023, de 11 de abril del propio tribunal. El sindicato sostiene que las expresiones de Belarra “tienen como finalidad el descrédito y desprestigio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, atentando directamente contra el bien jurídico protegido pues se pretende menoscabar el prestigio al vincularla con grupos neonazis y de ideología neofascistas e incluso con una actuación racista, con temerario desprecio hacia la verdad, constituyendo la conducta tipificada por el artículo 504.2 CP”.
La querella también invoca el artículo 510.1.a) del Código Penal, relativo al delito de odio, al considerar que las declaraciones de la diputada incitan “de forma indirecta al descrédito, desprecio y rechazo social contra el colectivo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, estigmatizando globalmente a todos los agentes de los distintos Cuerpos”. El SUP argumenta que la exclusión ideológica se produce al atribuir de forma generalizada a los cuerpos policiales una ideología antidemocrática, “concretamente de corte neonazi o neofascista”, lo que, según el sindicato, transmite a la sociedad la idea de que las fuerzas de seguridad “están contaminadas por valores de este corte, lo que tiene como efecto directo el descrédito institucional, la pérdida de legitimidad pública y la generación de hostilidad social”.
El sindicato recalca que los funcionarios de la Policía Nacional no deben soportar ataques contra su honor personal ni el de la institución a la que pertenecen, y que “también deben gozar de la debida protección”. En palabras del SUP, recogidas en la querella, “el efecto de las afirmaciones de Belarra no es neutro ni abstracto pues habiendo sido emitidas por una representante parlamentaria ante medios de comunicación nacionales, dichas manifestaciones tienen una influencia social, que puede derivar en la generación de sentimientos de hostilidad, y rechazo hacia los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
El SUP solicita al Tribunal Supremo que valore los elementos y la jurisprudencia aportados en la querella y que actúe para “poner fin a esta injusticia que afecta gravemente a los miles de hombres y mujeres que prestan servicio diario en defensa de los derechos y libertades de toda la ciudadanía”.
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