Tres años de cárcel por transmitir ilegalmente televisión y deportes en ‘streaming’

La justicia británica ha dictado cárcel para Stephen Woodward, de 36 años, quien operaba una red ilegal de televisión por streaming que de forma sistemática facilitó el acceso no autorizado a miles de canales de pago. A través de las webs IPTV Hosting, Helix Hosting y Black and White TV, Woodward ofrecía suscripciones tanto a usuarios finales como a revendedores, vulnerando los derechos de propiedad intelectual de grandes operadoras y generando beneficios millonarios, según recoge Yahoo!News.

La sentencia, dictada por el Tribunal de la Corona de York el 11 de julio, establece una pena de tres años y un mes de prisión para el principal acusado, originario de Thirsk, North Yorkshire. Su hermano Christopher Woodward, de 34 años, también recibió parte de los beneficios ilícitos y, aunque evitó la prisión efectiva, fue condenado a 15 meses con suspensión condicional y la obligación de realizar 240 horas de trabajo comunitario no remunerado.

El fallo se produce tras una profunda investigación liderada por la Unidad de Delitos contra la Propiedad Intelectual (PIPCU) de la Policía de la City de Londres, que destaca la sofisticación financiera y técnica de la red desarticulada.

Modus operandi y mecanismos de blanqueo

De acuerdo con el medio, la operación orquestada por Stephen Woodward proporcionaba acceso ilegal a más de 4.500 canales, incluyendo deportes de pago tan demandados como Sky Sports y BT Sports. El sistema de pagos admitía transferencias con tarjeta, el uso de 13 cuentas PayPal distintas.

El dinero generado, muy superior a los seis dígitos mensuales en ocasiones, fue canalizado mediante un elaborado proceso de lavado: Stephen intercambiaba fondos por criptomonedas, convertía los activos y los distribuía entre 23 cuentas bancarias diferentes, diluyendo el rastro y dificultando la detección por las autoridades.

La investigación reveló además el uso sistemático de identidades falsas adquiridas por internet, facilitadas por unas cien tarjetas SIM gestionadas individualmente para abrir cuentas de pago y bancarias. Christopher, hermano y colaborador, llegó a recibir transferencias por valor de aproximadamente 148.800 euros, beneficiándose de las operaciones ilícitas orquestadas desde el domicilio familiar en Thirsk.

La magnitud del fraude motivó la imposición de una orden de congelación patrimonial sobre más de un millón de euros vinculados a Stephen. A estas cifras se suman sumas en efectivo confiscadas durante los registros domiciliarios, unos 170.000 euros, y piezas de joyería incautadas en su residencia, bienes que quedarán sujetos próximamente a un proceso de confiscación judicial.

Detenciones y reincidencia

Las detenciones de Stephen Woodward no se limitaron a un solo episodio. En noviembre de 2019, la policía incautó en su domicilio ordenadores, discos duros, nueve teléfonos y efectivo en una operación que permitió destapar la estructura base del fraude. Posteriormente, durante el proceso judicial, los agentes constataron que pese a encontrarse bajo investigación, el acusado redobló su actividad.

Estos ofrecieron acceso ilícito a más de 6.500 canales adicionales y permitieron visualizar partidos de la Premier League. Según los registros policiales y comunicaciones intervenidas, Stephen llegó a presumir ante su hermano de ganancias mensuales superiores a los 100.000 euros. Ya en octubre de 2022, Stephen fue interceptado por la Border Force en el aeropuerto de Gatwick cuando intentaba embarcar hacia Vancouver con miles de euros en efectivo ocultos entre sus pertenencias. Todo el dinero decomisado fue añadido al expediente de la investigación, que permitió cerrar definitivamente las plataformas que gestionaba.

Según Yahoo!News, el detective Daryl Fryatt, de la Policía de la City de Londres, subrayó: “El streaming ilegal debilita a las industrias creativas al desviar dinero de las empresas legítimas hacia manos de criminales. Su condena y el proceso de confiscación pendiente deben servir de advertencia sobre las graves consecuencias para quienes facilitan el acceso ilegal a contenidos protegidos por derechos de autor”. El proceso judicial ha supuesto el final de la actividad de las tres webs ilegales y un importante aviso al sector ante la magnitud de las consecuencias legales.