El PSOE aclara que todas las aportaciones al partido están “declaradas y fiscalizadas” tras el requerimiento por el descuadre de las donaciones de Ábalos

Ante el requerimiento judicial sobre las donaciones al PSOE del exministro José Luis Ábalos entre 2014 y 2024, Ferraz ha aclarado este jueves que las aportaciones de todos sus diputados y altos cargos están “perfectamente declaradas ante la Hacienda pública, y fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas, en aplicación de la Ley de Financiación de Partidos Políticos”.

El PSOE ha explicado que el procedimiento de aportaciones voluntarias y de cuota como militante de los altos cargos y diputados y senadores del PSOE se divide en tres partes. Según estas fuentes, en el caso de los diputados, cada electo cobra su sueldo del Grupo Parlamentario Socialista, “no del Congreso de los Diputados”, más allá de recibir algunos conceptos. De ese sueldo, “se detrae la aportación voluntaria”, por lo que esa cuantía no llega en ningún momento al bolsillo de los parlamentarios y va directamente a las arcas del partido.

Y por otro lado, el diputado “paga una cuota al partido, como todos los militantes del PSOE”. Además, los altos cargos, afiliados al PSOE, “pagan una cuota voluntaria directamente al partido”. Fuentes consultadas atribuyen los desajustes en las donaciones e ingresos del exministro a un error de interpretación de la UCO al desconocer el funcionamiento de estas donaciones. Y es que, la aportación voluntaria que se detrae directamente del sueldo del grupo parlamentario, el llamado impuesto, no figura en la cuenta de Ábalos.

Ferraz se ha visto obligado a explicar el procedimiento tras el último movimiento del juez del Tribunal Supremo que instruye el caso Koldo, Leopoldo Puente. A petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha acordado requerir información al Congreso y al PSOE sobre retribuciones y donaciones del exministro Ábalos ante “aparente falta de sintonía” en datos.

En concreto, ha pedido al Congreso que informe en el plazo más breve posible de todas las retribuciones o cantidades abonadas por cualquier concepto al investigado José Luis Ábalos desde el año 2014 hasta el 2024, ambos inclusive, precisando detalladamente todos y cada uno de los pagos realizados, indicando la fecha, método de pago, cuenta bancaria de destino y titularidad de la misma, así como cualquier otro dato que tengan asociadas las referidas retribuciones.

Igualmente, ha ordenado que se requiera al PSOE para que aporte, además de las cantidades abonadas o transferidas a Ábalos, las transmitidas por este al partido político, en concepto de donación o por cualquier otro motivo. En este sentido, ha solicitado que se informe de todas y cada una de las donaciones que se hubieran realizado por José Luis Ábalos al partido político, indicando la fecha, método de pago, cuenta bancaria de origen, concepto y/o comentario, así como cualquier otro dato que tengan asociadas los referidos abonos.

En su auto, ha justificado su decisión en el propósito de esclarecer “aparentes faltas de sintonía” en la información disponible acerca de la verdadera situación económica del investigado José Luis Ábalos. Y es que, “en el oficio de la UCO, fechado el 8 de julio, se señala que han sido analizadas las percepciones económicas imputadas por la AEAT a José Luis Ábalos por el Congreso de los Diputados en concepto de retribuciones, dietas, complementos u otras percepciones económicas desde el año 2014 hasta el 2024 ambos inclusive, constando al respecto un total de 751.421,57 euros. Sin embargo, la cuantía reflejada en sus cuentas procedente directamente del Congreso de los Diputados asciende a un total, en esos mismos años, de 79.841,74 euros”.

Por otro lado, añade el auto, la AEAT atribuye a Ábalos haber realizado donaciones al Partido Socialista Obrero Español por un total de 44.729,29 euros, y sin embargo, “en los productos bancarios analizados a nombre de este únicamente existe constancia de entregas dinerarias al Partido Socialista Obrero Español desde el año 2014 hasta el 2024, ambos inclusive, por un importe total de 8.471,36 euros”.

En otro auto, el magistrado de la Sala Penal ha acordado, también a petición de la UCO, realizar dos requerimientos a la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social para obtener datos de los empresarios investigados en la causa y de sus empresas, y de la fundación Fiadelso, para completar la verdadera situación patrimonial de las personas físicas, así como de las personas jurídicas en cuyo beneficio pudieran las primeras haber venido actuando.