Sumar desafía al Gobierno y reclama que no se recorten las ayudas al transporte público: “El nuevo modelo es un error”

Sumar está en contra de la decisión del Gobierno de finalizar la ayudas al transporte público a partir de julio. Así lo manifestó ayer el coordinador general de Sumar, Carlos Martín. A su juicio, es un error retirar estas subvenciones y exigió al PSOE que las blinde y les dé carácter permanente. La petición llega en un contexto de debate sobre la continuidad de las medidas aprobadas tras el estallido de la guerra en Ucrania para mitigar su impacto económico.

Carlos Martín argumentó que “no estamos de acuerdo con la rebaja que van a sufrir, porque es un modelo de éxito y queremos que se mantenga, se expanda y se hagan permanentes”. Incidió en que la continuidad de estas ayudas resulta fundamental para millones de personas que utilizan el transporte público a diario, ya que permite que muchas familias puedan afrontar los desplazamientos cotidianos en un escenario de incertidumbre económica.

El coordinador de Sumar resaltó que la retirada de las ayudas, vigentes desde 2022, representa “pasos atrás” en un modelo que considera probado y efectivo para aliviar la presión inflacionaria y fomentar el uso del transporte colectivo. Estas ayudas fueron implementadas en el marco de las políticas excepcionales tras la invasión rusa de Ucrania, con el objetivo de amortiguar la subida de precios y facilitar la movilidad a través de descuentos en abonos y títulos multiviaje en trenes y autobuses operados por entidades públicas.

“El nuevo modelo, que se aplica a partir de mañana, desde nuestro punto de vista, es un error”, señaló Martín, antes de instar al PSOE a dotar de permanencia estas medidas y eliminar la necesidad de revisarlas y renovarlas cada seis meses, tal como ha venido ocurriendo hasta ahora.

Nuevos descuentos

La petición de Sumar al Gobierno se debe a que a partir de este martes, las ayudas estatales al transporte público en España sufrirán cambios. Las bonificaciones directas y la gratuidad de abonos que se aplicaban desde 2022 finalizarán el 30 de junio y como medida sustitutiva, desde julio entrarán en vigor nuevos descuentos dirigidos a distintos colectivos.

Entre las novedades, se establece la gratuidad del transporte público colectivo para menores de 15 años en todo el país y la implantación de un abono mensual nominativo para Cercanías a 20 euros (y 10 euros para jóvenes entre 15 y 26 años). Además, los jóvenes disfrutarán de descuentos del 50% en abonos y títulos multiviaje, mientras que el resto de usuarios contará con una rebaja mínima del 40% en abonos y títulos multiviaje, a excepción de billetes sencillos y turísticos. Estas rebajas serán cofinanciadas parcial o totalmente por el Ministerio de Transportes junto a comunidades autónomas o entidades locales.

En Canarias y Baleares, la gratuidad del transporte público terrestre colectivo continuará durante todo 2025, dada su condición insular. Por otro lado, habrá rebajas del 50% en sistemas públicos de préstamo de bicicletas, también cofinanciadas por el Ministerio y los gobiernos autonómicos o locales.

Algunas comunidades autónomas y ayuntamientos han anunciado que continuarán aplicando descuentos adicionales con fondos propios. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha comunicado que mantendrá rebajas en los abonos de transporte, aunque con un porcentaje menor al actual.

Acceso denegado a los márgenes empresariales

En la misma comparecencia, Martín arremetió contra el Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, por “incumplir” el acuerdo suscrito con Sumar hace tres meses respecto al acceso a la información del Observatorio de Márgenes Empresariales. Según el coordinador general de Sumar, el pacto establecía que los datos sobre los márgenes empresariales estarían disponibles en las negociaciones de los convenios colectivos, lo que, en su opinión, constituye una herramienta esencial para una negociación transparente de los incrementos salariales.

Martín afirmó que la presencia de esta información en las mesas de negociación permitiría una “disputa más clara y transparente de la plusvalía que generan los trabajadores en las empresas”. El diputado incidió en la importancia de que los representantes sindicales y los trabajadores dispongan de información “actual, completa, simétrica y oficial” sobre la evolución de los beneficios empresariales a la hora de negociar sus condiciones laborales.

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