A la cárcel durante seis meses por acusar a la comunidad gitana de propagar el Covid y otro niega su culpabilidad: “Yo no soy racista. Tengo amigos gitanos, cuatro en Facebook”

Uno de los tres acusados de incitar al odio contra el colectivo gitano durante el confinamiento en Santoña (Cantabria) ha reconocido sus manifestaciones en redes sociales. En el juicio, celebrado en la Audiencia Provincial de Cantabria, ha aceptado seis meses de prisión y una multa de 180 euros. Este acuerdo, alcanzado este martes, contrasta con la petición inicial de la Fiscalía, que solicitaba tres años de prisión y 3.960 euros de sanción para cada uno de los procesados, aunque mantiene su acusación para los otros dos implicados.

El caso se remonta a marzo de 2020, cuando contenidos difundidos a grupos de WhatsApp, Facebook y Twitter apuntaban a ciudadanos de etnia gitana como responsables de la propagación del Covid en la localidad cántabra. Uno de los audios, enviado en un grupo llamado ‘Por España’ y formado por una docena de personas, incluía afirmaciones ofensivas hacia la comunidad gitana, entre ellas: “Los tengan dentro de las murallas, que canten y bailen allí como en un campo de concentración hasta que se mueran todos”.

Arrepentimiento y controversias procesales

Durante el juicio, solo uno de los imputados ha admitido la autoría de los mensajes que circularon durante el confinamiento, pactando así una condena significativamente menor a la inicial. Poco tiempo después de sus publicaciones, pidió perdón por los hechos, y además deberá abonar 1.000 euros por responsabilidad civil y enfrentará dos años de inhabilitación para ejercer profesiones educativas, docentes o de tiempo libre. No obstante, su defensa ha solicitado la suspensión de la pena de prisión y el aplazamiento del pago.

Por el contrario, el segundo acusado negó la autoría de los comentarios y audios que motivan el procedimiento. “No era mi voz”, ha declarado, añadiendo que se limitó a compartir enlaces a noticias relacionadas con miembros del pueblo gitano presuntamente saltándose el confinamiento. Ha argumentado también: “Yo no soy racista. Tengo amigos gitanos, cuatro en Facebook”, subrayando que de treinta seguidores contaba con amistades de esa comunidad.

Durante su intervención final aseguró: “Yo también tengo derechos fundamentales, los mismos que los gitanos”, y ha denunciado vulneraciones de sus derechos durante el proceso, alegando que pensaba que le interrogaban solo por compartir fake news.

El tercer encausado también contestó exclusivamente a las preguntas de su abogado. Ha recogido que en 2023, durante su declaración por estos hechos ocurridos en marzo de 2020, no fue informado de que la instrucción había terminado un año antes sin haberse prorrogado, motivo por el que su representación legal solicitó la nulidad de las actuaciones. Además, la defensa ha manifestado que la declaración se practicó fuera de tiempo procesal válido y carece de valor jurídico.

Impacto de los mensajes y actuaciones judiciales

La Fiscalía sostiene que los tres implicados fueron conscientes del alcance de sus mensajes y cuya difusión masiva fue posible gracias a su circulación en redes. El Ministerio Público ha recogido comentarios en Facebook, donde uno de los procesados escribió: “La Policía se va a ver obligada a disparar a los gitanos que andan descontrolados por Santoña o nos van a matar a todos; yo creo que todos entenderemos que se empleen a fondo”.

También, en Twitter, se identificaron mensajes atribuyendo el contagio en Santoña a un clan gitano, señalando un balance de cinco fallecidos y pidiendo ayuda al entonces alcalde, acompañados de una imagen de un bote de gas “similar” a los usados para el exterminio de judíos. Tras la práctica de la prueba, la acusación pública consideró que los mensajes evidencian odio racial y dijo que “se trasluce” en el contenido, que se “descalifica por sí mismo” y busca “humillar, provocar y generar alarma social”, especialmente en el contexto de la pandemia.

Contexto psicológico, peticiones y decisiones pendientes

El tribunal ha admitido como prueba el informe sobre el trastorno ansioso de uno de los acusados, atribuido al impacto del Covid y los hechos enjuiciados, considerando esto como atenuante. “Esa ansiedad me la produjo el Estado y los medios de comunicación”, ha manifestado el afectado, quien aseguró haber colaborado como voluntario durante la pandemia para ayudar a la comunidad.

Las defensas de los dos acusados que no han reconocido los hechos solicitaron la absolución, argumentando bien la nulidad de las actuaciones o la falta de prueba suficiente. Asimismo, han pedido considerar las dilaciones indebidas como muy cualificadas y aplicar la atenuante de reparación del daño, ya que han ingresado en la cuenta judicial los 5.000 euros solicitados como indemnización para la asociación Gitanos de Santoña.

Queda pendiente que la Sala de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial se pronuncie sobre cuestiones previas cuando dicte sentencia tras el “estudio sosegado” de las propuestas realizadas en la vista. La acusación particular se adhirió a las peticiones del fiscal, mientras que antes de la vista solicitaba indemnizaciones de 10.000 euros para organizaciones contra la discriminación gitana, y la condena con inhabilitación especial para los tres procesados.

*Noticia elaborada con información de Europa Press