Ecologistas en Acción lo califica de “pelotazo urbanístico” en plena sierra de Guadarrama, en Madrid. El Pleno del Ayuntamiento de El Boalo-Cerceda-Mataelpino (tres pedanías que se han unido administrativamente y suman 8.500 habitantes) aprobó el pasado 27 de marzo de 2025 una modificación puntual del planeamiento de la localidad para autorizar, de manera inicial, la construcción de 26 viviendas en un paraje natural conocido como el Cercado de Miragallo. La aprobación ha contado con los votos a favor de los tres partidos que componen el Gobierno local: PP, VOX y Somos Pueblo. También con el principal partido de la oposición: el PSOE.
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Los ecologistas han presentado alegaciones al proyecto, que ha sido promovido por una empresa familiar de El Boalo, Carraloga SL, que quiere construir las 26 viviendas de la siguiente manera: 16 en un bloque de hasta cuatro plantas y las diez restantes como unifamiliares. Para ello habría que demoler un muro perimetral y una antigua casa de guardeses, en desuso, incluidos ambos en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del municipio. “También se pretende rebajar el nivel de protección de la villa de recreo de mediados del siglo pasado allí existente y autorizar la tala de, al menos, 18 árboles de gran porte y arrasar el jardín histórico de la misma”, denuncian desde Ecologistas en Acción.
Lo más grave es que lo aprobado por el Pleno pretende multiplicar por 13 el uso lucrativo de esos terrenos previsto en las Normas Subsidiarias de 1998, que solo permite la construcción de dos viviendas, no de 26. “Los actuales propietarios de ese ámbito compraron la parcela en mayo de 2018 y la inscribieron en el Registro de la Propiedad en junio de ese mismo año, siendo obvio que compraron la parcela con pleno conocimiento de su ordenación y de las limitaciones establecidas por las Normas Subsidiarias, fundamentalmente el que solo se permite edificar en ella dos nuevas viviendas unifamiliares”, insisten desde Ecologistas en Acción.
La pregunta que se hacen los ecologistas es que cuando la empresa Carraloga compró estos terrenos abonó un precio acorde con las limitaciones de edificación, es decir, solo se pueden construir dos viviendas, “por lo que podemos entender que cuando compraron, o bien tenían otras pretensiones no lucrativas o los adquirieron en la confianza de que el Ayuntamiento aprobaría una recalificación para incrementar las plusvalías”. Infobae España ha intentado contactar, sin éxito, con el alcalde. También ha hablado con un portavoz de la empresa Carraloga, que se ha limitado a decir que “no queremos hacer comentarios”.
Para el PSOE, un desarrollo lícito
La portavoz socialista, Soledad Ávila, señala que su grupo votó a favor porque se trata de “un desarrollo urbanístico lícito. Es una finca urbana. De todas formas, la tramitación acaba de empezar. Hay otras administraciones que tienen que dar su opinión”. Entre ellas, la Confederación Hidrográfica del Tajo, la Dirección General de Urbanismo, la Dirección General de Patrimonio Cultural, la Dirección General de Emergencias, la Dirección General de Seguridad, Protección Civil y Formación, la Dirección General de Carreteras y la Dirección General de Salud Pública.
Ecologistas define así el pelotazo: “la Modificación Puntual propuesta pretende un enorme incremento del número de viviendas a construir, autorizar la construcción de vivienda colectiva (en bloque) sobrepasando el número de plantas y la altura máxima establecidas en las Normas Subsidiarias, derribar el muro perimetral, la vivienda de los guardeses y el gallinero (todos ellos elementos protegidos), no respetar la protección establecida para el arbolado y la vegetación de la parcela protegida... lo que se puede considerar una selección a la carta. La empresa propietaria de los terrenos, Carraloga, ha contratado los servicios de Arnaiz Arquitectos, conocido en el sector como “uno de los urbanistas de cabecera del PP”, para que le tramite este proyecto.
Ecologistas es duro en sus alegaciones con este proyecto: “es uno de los documentos menos sólidos y más extravagantes que hemos visto, tanto por sus pretensiones desde el punto de vista de la planificación urbanística y su falta de cuidado de los intereses generales, como por su repetitiva, confusa, contradictoria y mala redacción, incorrectas apreciaciones y errores, ausencia de planos de detalle y de planos legibles, inclusión de decenas de páginas dedicadas a innecesarias e inoportunas definiciones generales de terminología urbanística y de edificación”. Documentos “que podrían parecer estar hecha más para la confusión que para servir de guía”.
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