Entre el 22 y el 23 de mayo, en la localidad de Lannemezan (Francia), un hombre de unos cuarenta años, con numerosos antecedentes, forzó la entrada del domicilio de un conocido para sustraerle una moto. La víctima se encontraba hospitalizada en ese momento, lo que fue aprovechado por el acusado y su pareja para acceder a la vivienda. Además del ciclomotor, desaparecieron las llaves y la documentación del vehículo.
La víctima, al regresar del hospital, se percató de que la cerradura de su puerta había sido forzada y que su ciclomotor, estacionado en las zonas comunes del edificio, ya no se encontraba allí. Tras comprobar también la desaparición de la documentación del vehículo, presentó una denuncia ante la gendarmería. Desde el primer momento, las sospechas recayeron sobre el acusado y su pareja, quienes eran conocidos del denunciante y tenían acceso previo a la vivienda.
Durante los primeros interrogatorios, ambos negaron cualquier implicación. Sin embargo, días después, la situación dio un giro inesperado. El acusado devolvió el ciclomotor a su propietario, acompañado por tres hombres a quienes había intentado revender el vehículo.
Una transacción fallida con consecuencias judiciales
En la vista celebrada el 28 de mayo en el tribunal de Tarbes, el acusado fue juzgado mediante el procedimiento de comparecencia inmediata. Desde el inicio del juicio, se declaró víctima de una injusticia, señalando a su pareja como la autora principal del robo. Según su testimonio, ella fue quien sustrajo el ciclomotor y él simplemente la acompañó.
Durante la audiencia, la jueza recordó que el vehículo había sido cambiado por cinco gramos de cocaína, pero que en lugar de droga el acusado recibió harina. Tras darse cuenta del engaño, incluso valoró presentar una queja ante las autoridades. En el momento de intentar revender el ciclomotor a un tercero, este último detectó que el acusado no era el titular legal del vehículo, ya que había modificado la documentación sin ser el propietario.
El tribunal también abordó otros hechos por los que el acusado era procesado. Meses antes, utilizó sin permiso la tarjeta bancaria de la misma persona cuya vivienda fue objeto del robo para retirar 700 euros. Pese a ello, el perjudicado continuó acogiéndolo en su domicilio. En su defensa, el acusado aseguró haber pedido disculpas y estar contribuyendo actualmente al pago del alquiler.
Un historial delictivo sin cambios sostenibles
El informe del perito psiquiátrico describió al acusado como una persona con trastornos de la personalidad, con comportamiento manipulador y antisocial, además de ser calificado como potencialmente peligroso. En sus dos décadas de trayectoria delictiva, ha acumulado 34 menciones en su expediente judicial.
La jueza expresó que ya se habían intentado múltiples tipos de condenas previas: penas con trabajos comunitarios, días-multa, y suspensiones condicionales. Todas ellas, según el tribunal, sin resultados efectivos. La fiscalía solicitó prisión firme, expresando su cansancio ante la reincidencia del acusado.
Por su parte, el abogado defensor, Me Mathieu Oudin, pidió tener en cuenta la situación clínica del procesado. Argumentó que la prisión podría no ser la respuesta adecuada para una persona con trastornos mentales, y pidió considerar otras medidas menos punitivas. El tribunal, no obstante, decidió imponer una condena de once meses de prisión firme.
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