La Comandancia de la Guardia Civil en Baleares ha suscrito un convenio con el Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) para facilitar el acceso a viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible a los guardias civiles destinados en el archipiélago. Esta iniciativa busca mejorar las condiciones de vivienda y el bienestar de los agentes y sus familias, reconociendo la importancia de su labor en el territorio insular.
El acuerdo establece que podrán beneficiarse de estas viviendas quienes no posean una vivienda en propiedad en la isla donde cumplan con sus funciones, así como aquellos que no hayan sido adjudicatarios de pabellones oficiales. Además, en el caso de convivientes o parejas de hecho, también se exige que no tengan vivienda en la isla correspondiente.
El proceso para acceder a estas viviendas se realizará a través de convocatorias abiertas por cada oferta del IBAVI. Para garantizar transparencia, equidad y justicia en la asignación, se ha creado una comisión evaluadora integrada por mandos responsables de personal, acción social y acuartelamiento. Esta comisión se encargará de valorar a los candidatos para seleccionar a los beneficiarios que más necesiten el apoyo habitacional.
El objetivo principal de este convenio es apoyar a los guardias civiles que se encuentran en una situación de mayor necesidad, facilitando su acceso a una vivienda digna y asequible. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han manifestado que esta iniciativa representa un avance significativo para mejorar las condiciones de vida de los agentes destinados en Baleares. La asociación valora positivamente este tipo de medidas, que reconocen el esfuerzo diario de los guardias civiles y contribuyen a dignificar su labor profesional.
Con esta acción, Baleares se suma a otras comunidades que promueven políticas de vivienda dirigidas a colectivos específicos, en este caso, al personal de seguridad pública. La colaboración entre la Guardia Civil y el Ibavi evidencia una voluntad institucional de atender necesidades sociales y laborales vinculadas a un sector estratégico para la seguridad y el orden público.
Polémica por el catalán
Por otro lado, la asociación profesional Jucil ha expresado su rechazo a la nueva medida impulsada por Sumar, socio minoritario del Gobierno, que plantea exigir que la atención al ciudadano por parte de los agentes en las Islas Baleares se realice en catalán. La organización considera que esta imposición lingüística compromete la operatividad del cuerpo y puede tener consecuencias graves para la presencia de la Guardia Civil en el archipiélago.
Según Jucil, los efectivos destinados actualmente en las islas ya cumplen con los requisitos establecidos por el Ministerio del Interior a través de la Dirección General de la Guardia Civil. No obstante, la inclusión de sanciones por no atender en catalán, que, aseguran, podrían alcanzar hasta seis años de suspensión de empleo, supondría una presión innecesaria que desincentivaría a los agentes a solicitar destino en Baleares, según la asociación. Asimismo, desde Jucil temen que muchos de los destinados en la actualidad opten por solicitar el traslado ante la posibilidad de ser sancionados, algo que profundizaría la escasez de personal que ya afecta a la región.
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