Cárcel para una empresaria que se metió sin permiso en el grupo de Whatsapp de sus trabajadoras: tendrá que indemnizar a cada una con 2.000 euros

La Audiencia Provincial de La Coruña ha confirmado una sentencia ejemplar en la que se condena a la administradora de una empresa a dos años de prisión por acceder ilícitamente al grupo de WhatsApp de sus trabajadoras. Además de la pena de cárcel, la empresaria deberá indemnizar a las cinco afectadas con 2.000 euros a cada una, más los intereses correspondientes, por el daño moral causado.

La condena se refiere a una práctica ilegal en la que la empresaria, en su afán por obtener información sobre un conflicto laboral, se introdujo en el grupo de WhatsApp donde sus empleadas mantenían conversaciones privadas. Para hacerlo, aprovechó un descuido de una de las trabajadoras, quien dejó su teléfono móvil sin medidas de seguridad en una taquilla de la compañía. Sin el conocimiento ni el consentimiento de la trabajadora, la mujer accedió a los mensajes, los copió y los envió al correo electrónico de la empresa, donde los utilizó como parte de su estrategia en el litigio laboral que enfrentaba a la dirección con sus trabajadoras.

Este comportamiento fue considerado un delito de “descubrimiento y revelación de secretos” conforme al artículo 197 del Código Penal. Según esta normativa, el apoderamiento no autorizado de comunicaciones privadas, como los mensajes de correo electrónico o mensajes de aplicaciones de mensajería, constituye un delito punible con penas de prisión. En este caso, el tribunal condenó a la empresaria a dos años de prisión, en virtud de lo estipulado en el artículo 197.1 y 197.3.1º del Código Penal, que tipifica las conductas de interceptar y divulgar secretos de manera ilícita.

En el proceso judicial, la defensa de la empresaria intentó recurrir la sentencia ante la Audiencia Provincial, alegando que la resolución carecía de motivación y que el relato de los hechos no se ajustaba a la realidad. Sin embargo, los magistrados desestimaron estos argumentos, subrayando que la sentencia estaba suficientemente motivada y que las pruebas aportadas durante el juicio confirmaban la ilicitud de la acción. Entre las pruebas clave se encontraban las evidencias de que la conversación del grupo de WhatsApp había sido copiada y enviada a una cuenta de la empresa, así como el mensaje posterior en el que la condenada se jactaba de haber obtenido los mensajes de manera ilícita.

Daño moral

La Audiencia también subrayó la gravedad de la acción y destacó el daño moral sufrido por las trabajadoras. La revelación de las conversaciones privadas no solo vulneró su derecho a la intimidad, sino que también quebró la confianza que depositaban en su entorno laboral. En este sentido, se consideró que la indemnización de 2.000 euros a cada trabajadora era una cifra razonable, teniendo en cuenta la seriedad del perjuicio sufrido y la naturaleza de la violación de sus derechos.

El fallo de la Audiencia Provincial ha tenido un impacto significativo en el ámbito laboral, dejando claro que las empresas y sus directivos deben respetar los derechos fundamentales de los empleados, incluidas sus comunicaciones privadas, aunque estas se realicen fuera del horario laboral. El tribunal también enfatizó que, aunque los mensajes de WhatsApp hubieran sido compartidos por una trabajadora con la dirección de la empresa, el acceso ilícito por parte de un tercero ajeno al grupo hubiera sido igualmente punible.

La sentencia, dictada el 25 de febrero de 2025, ha generado debate en el ámbito jurídico y sigue siendo susceptible de ser recurrida ante el Tribunal Supremo, lo que podría dar lugar a una revisión del fallo. Mientras tanto, la condena de la empresaria y las indemnizaciones impuestas marcan un precedente importante en la lucha por la protección de la intimidad en el entorno laboral y en el uso de tecnologías de comunicación como WhatsApp.

Este caso pone de relieve la necesidad de establecer límites claros y estrictos en la supervisión y control de las comunicaciones laborales, recordando a las empresas que la confianza y el respeto por los derechos fundamentales de los trabajadores son esenciales para mantener un ambiente laboral justo y legal.