El Tribunal Supremo abre una tercera causa penal contra Alvise Pérez por difundir mensajes contra una fiscal

El Tribunal Supremo ha abierto una nueva causa penal contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández, más conocido como Alvise Pérez, líder de la formación ‘Se Acabó la Fiesta’. En esta ocasión, el alto tribunal investiga los mensajes que difundió en su canal de Telegram contra Susana Gisbert, fiscal especializada en delitos de odio en Valencia.

Según la denuncia presentada por la propia fiscal, Pérez divulgó información personal suya en redes sociales y la señaló públicamente ante sus más de 40.000 seguidores. El contenido de esos mensajes habría generado un aluvión de ataques e insultos hacia Gisbert, lo que ha llevado al Supremo a estudiar si se trata de un caso de acoso digital o “stalking”, figura penal que castiga la intromisión grave y continuada en la vida de una persona.

El magistrado instructor del Supremo ha considerado que existen indicios suficientes para abrir diligencias penales, lo que suma una tercera causa judicial en curso contra el polémico político, que se ha convertido en uno de los fenómenos virales de la extrema derecha española.

Presunta financiación ilegal de su partido

Además de esta nueva investigación, el eurodiputado ya está siendo investigado por una supuesta financiación irregular de su partido en las elecciones europeas de 2024. La Fiscalía Anticorrupción recibió una denuncia del empresario del entorno cripto Álvaro Romillo —alias ‘Cryptospain’—, quien afirmó haber entregado 100.000 euros en metálico a Alvise para apoyar su campaña electoral.

Romillo, quien a su vez está siendo investigado por un presunto fraude piramidal a través de una plataforma de inversión en Madeira, explicó que la entrega del dinero se realizó sin contrato, factura ni contraprestación documentada. Según sus declaraciones, el objetivo de esa contribución era ganar influencia política mediante posibles reformas normativas que favorecieran sus intereses empresariales.

Por su parte, el líder de ‘Se Acabó la Fiesta’ reconoció haber recibido la suma, pero sostuvo que se trataba del pago por un “trabajo puntual” que prefirió cobrar sin declarar a Hacienda. Esta versión no ha convencido a los fiscales, que consideran que podría tratarse de un delito de financiación ilegal de partidos políticos, tipificado en la legislación española. Según la Ley Orgánica sobre financiación de partidos, las donaciones anónimas están prohibidas, y cualquier aportación individual superior a 50.000 euros anuales es ilegal.

Acusación por difundir un documento falso

La tercera causa abierta contra Alvise tiene su origen en los hechos ocurridos durante la campaña de las elecciones catalanas de 2021. En esa ocasión, el eurodiputado publicó en redes sociales una supuesta prueba PCR positiva de Salvador Illa, actual presidente de la Generalitat y entonces candidato del PSC. El documento, que simulaba proceder del hospital QuirónSalud, resultó ser falso.

La dirección del centro sanitario desmintió haber emitido tal informe, y la Fiscalía de Barcelona presentó una denuncia por falsificación de documento privado y calumnias. Según el ministerio público, la intención de difundir esa imagen manipulada era dañar la imagen de Illa en plena campaña electoral, sugiriendo que había ocultado su contagio por Covid-19.

A estas tres causas penales se suman otras denuncias en trámite, que aún están siendo evaluadas por el Supremo. Entre ellas figuran presuntas amenazas contra una jueza, calumnias contra un diputado socialista implicado en el llamado “caso Mediador” y la publicación en Telegram de una fotografía de la hija menor de Pedro Sánchez, lo que podría constituir un delito de revelación de secretos.