El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso ha dado orden de rescindir el contrato de alquiler de un centro de salud que llevaba cerrado desde el año 2020, pero por el que pagaba religiosamente cada mes. El Ejecutivo autonómico acaba de responder al diputado socialista Daniel Rubio que “la comunicación de rescisión del contrato fue realizada a la propiedad con fecha 24 de noviembre de 2024″. ¿Y quién es el dueño? El Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) siempre ha guardado esta información con celo amparándose en la ley de protección de datos.
Infobae España habló con algunos vecinos de la comunidad de propietarios a la que jurídicamente pertenece el local, situado en el número 18 de la calle Cabo San Vicente de Alcorcón. Varias fuentes destacan que el hijo de la dueña del local es Carlos Torquemada Vidal. Según su biografía pública en la red LinkedIn, actualmente es profesor de derecho. Pero entre 1995 y 1999 fue alcalde de la localidad madrileña de Algete con el PP, luego concejal entre 1999 y 2001, y después pasó a ser Gerente de las Agencias de Desarrollo de la Comunidad de Madrid en el Gobierno del Alberto Ruiz-Gallardón. Este diario intentó contactar con él. Su única respuesta fue que “no está en posición de contribuir con información relevante”.
El parlamentario Rubio lleva desde el inicio de esta legislatura intentando conocer todos los datos de este local, pidiendo el contrato de alquiler, preguntando cuanto se pagaba por él y, sobre todo, “por qué se tenía un inmueble alquilado y cerrado desde el año 2020, desde la pandemia. Al principio las respuestas fueron muy vagas para finalmente decir que lo tenían alquilado porque iban a darle un uso”. Llegó incluso a pedir si había informe de la Intervención favorable al abono de un alquiler por un local en desuso. La información llegó a cuentagotas.
No fue hasta 2024 cuando obtuvo, por ejemplo, cuánto abonaba el SERMAS cada mes. La Comunidad de Madrid, eso sí, ocultaba el propietario que recibía los pagos. El último recibo aportado fue de marzo de 2024. El alquiler era de 7.054,11 euros, que con el 21% de IVA se incrementa a 1.481 euros. El total de la factura era de 8.535 euros, pero al ser un particular había que descontar el 19% de retención por IRPF, por lo que el importe líquido que recibe el dueño del local es de 7.195,19 euros. Ahora sabemos que esta factura mensual se ha pagado hasta noviembre de 2024.
“Despilfarro de 450.000 euros”
Rubio señala que “el seguimiento del grupo parlamentario socialista a lo largo de estos dos años, con distintas iniciativas, ha puesto el foco en el despilfarro de casi 450.000 euros. Y tal vez esta fiscalización haya llevado a que por fin rescindan el contrato”. Este diario ha preguntado a la Consejería de Sanidad por qué ha decidido ahora poner fin a este alquiler y cuánto ha abonado desde que se quedó vacío. No ha obtenido respuesta.
El local en el que se instaló el antiguo Centro de Salud de los Castillos tiene su historia. El 1 de octubre de 1977, el Instituto Nacional de Provisión (organismo oficial encargado entonces de la Seguridad Social y de la asistencia sanitaria en España) firmó un contrato de alquiler con la dueña, Matilde Vidal Francés. En aquel año acordaron un pago anual de 2.036.130 pesetas, importe que tendría que ser revisado cada dos años. La Consejería de Sanidad no ha explicado cuando esta instalación, de 867 metros cuadrados, pasó a depender de ella. El grupo parlamentario socialista ha pedido la facturas de alquiler al menos desde el año 2007, pero la Administración regional no las conserva.
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