La nueva generación de vehículos no llega a la España vaciada: la mitad de sus coches pasan de los 15 años y uno de cada diez supera los 25 años

¿Cero, eco, B o C? ¿Cuán respetuoso con el medio ambiente es cada vehículo? ¿Importa? Y, de hacerlo, ¿dónde y a quién? La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, establece la obligación para municipios de más de 50.000 habitantes, territorios insulares y municipios de más de 20.000 habitantes, cuando se superen los valores límite, de establecer Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) antes de 2023, algo que no ha sucedido. El mapa oficial de todas las ZBE, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, muestra que, por ahora, solo hay 54 ciudades que ya las tienen vigentes y con poder de sanción a quienes incumplan los accesos, mientras que en 95 aún no han terminado los trámites, aunque deberán hacerlo antes de verano. Pero, en España hay más de 8.000 municipios. ¿Qué pasa con los que no tienen ZBE?

El objetivo, tanto de los distintivos ambientales cómo de las ZBE, es llevar a los ciudadanos a reducir el uso de los coches particulares, aumentar el uso del transporte público e inducir a la compra de vehículos menos contaminantes para, así, “mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero”. Sin embargo, con estas medidas, parecen pasar por alto que buena parte que parque automovilístico español se les escapa de las manos en el camino hacia la meta. Quedan fuera de la normativa los españoles que viven en núcleos rurales. A esto, se suma otra de las mayores críticas de los detractores de estas medidas, que atañe a la parte económica: la pobreza en el transporte.

“Un individuo u hogar se encuentra en pobreza de transporte cuando no tiene opciones de transporte público o privado adecuadas disponibles, o cuando el sistema de transporte limita el acceso a otros bienes y servicios esenciales, o bien cuando tiene dificultades o no puede hacer frente a los gastos de transporte”, conforme define en un informe la Comisión Europea. Y en España, los coches viejos de los que intenta deshacerse el Gobierno se quedan anclados en las zonas rurales.

El coche privado sin alternativa

Los hogares en entornos urbanos invierten en transporte un 10,6 % de su presupuesto anual, cifra que sube hasta el 14,1% en las familias en zonas rurales, donde en muchas ocasiones el único medio para desplazarse es el vehículo privado, conforme detalla el estudio sobre “Pobreza del Transporte”, del Observatorio del Transporte y la Logística en España, presentado esta semana por la Secretaría General de Movilidad Sostenible.

Sara Hernández, a la cabeza del departamento, destacó durante la presentación el contraste entre el medio rural y el urbano, que se manifiesta especialmente en el uso del vehículo privado como medio exclusivo de movilidad en el ámbito rural. De hecho, una de las razones detrás de esta problemática es la falta de transporte público que conecte las zonas rurales con los núcleos urbanos, donde se encuentran los servicios públicos básicos. Por eso, Hernández aseguró que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tiene en marcha en la elaboración de una estrategia “pionera en Europa” para atajar este tipo de pobreza.

La forma que tienen las familias de afrontar la necesidad del transporte es muy diferente entre las familias que viven en zonas urbanas y rurales. Los habitantes de las grandes ciudades puede acceder al transporte público cuando no pueden comprar ni mantener un vehículo propio. Por el contrario, los que viven en los pequeños pueblos no tienen otro remedio que mantener unos vehículos antiguos, que consumen más recursos y que contaminan más.

Un informe de Transport & Environment (T&E) y el Basque Centre for Climate Change (BC3) que, analiza datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares de (EPF) y de la Encuesta de Características Esenciales la Población y las viviendas (ECEPOV) de 2021 por el INE, muestra que el 28% de los hogares de zonas urbanas no cuentan con vehículo propio, porque cuentan con alternativas de movilidad, mientras que en las zonas rurales no llega al 19%. El análisis también detalla que más de la mitad de los vehículos pasan de los 15 años y uno de cada diez supera los 25 años. Además, en el entorno rural la proporción de vehículos sin etiqueta ambiental es del 34,4%, casi diez puntos por encima a la de entornos no rurales.

Para Laura Vélez de Mendizabal, experta en electromovilidad en T&E España, es urgente “poner en marcha medidas que impulsen la renovación del parque móvil, especialmente para los usuarios y empresas más vulnerables, que dependen del vehículo no solo como medio de transporte, sino como herramienta esencial para garantizar derechos básicos como el acceso al empleo, la educación, la salud o el desempeño de actividades profesionales, como ocurre en el sector logístico”.

Un leasing social

Los dos organismos encargados del estudio proponen llevar a cabo un leasing social, que consiste en el alquiler de vehículos eléctricos a precios reducidos, gracias a subvenciones estatales, para “combatir la vulnerabilidad en el transporte en España, sobre todo en zonas rurales donde el acceso al transporte público colectivo es limitado”.