A partir del 1 de abril entra en vigor un paquete de reformas en la Seguridad Social que modificará tres modalidades de jubilación: la jubilación activa, la demorada y la parcial. Estas medidas, que ya fueron aprobadas en el Consejo de Ministros, forman parte del proceso de reforma iniciado en 2021 para adaptar el sistema a las nuevas realidades del mercado laboral y al envejecimiento de la población.
El objetivo, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, es ofrecer una transición más progresiva y flexible hacia la jubilación, en línea con otros países europeos.
Desaparece el requisito de carrera completa en la jubilación activa
Uno de los cambios más relevantes afecta a la jubilación activa, que permite a los pensionistas seguir trabajando mientras cobran parte de su pensión. Hasta ahora, era necesario haber completado una carrera de cotización plena para acceder a esta modalidad. Sin embargo, a partir de abril, este requisito desaparece, por lo que no será obligatorio haber cotizado durante un número determinado de años para poder acceder a este tipo de jubilación.
Con esta modificación, se abre la puerta a más trabajadores, especialmente a quienes han tenido trayectorias laborales interrumpidas o reducidas. El cambio tiene especial relevancia desde una perspectiva de género, ya que beneficiará a muchas mujeres que, históricamente, han acumulado menos años de cotización debido al cuidado de hijos u otros familiares.
Además, la jubilación activa también introduce un sistema progresivo de incremento de la pensión. Cada año de compatibilidad entre pensión y empleo aumentará el porcentaje de la prestación. Por ejemplo, un año de trabajo supondrá el cobro del 45% de la pensión; dos años, del 55%; tres, del 65%; cuatro, del 80%; y a partir de cinco años, se podrá alcanzar el 100%. Por otro lado, cada 12 meses de actividad continuada se añadirá un 5% adicional, aunque sin superar en ningún caso el 100% de la pensión.
Otra novedad es que los beneficiarios de esta modalidad de jubilación podrán acumular los incentivos por demora al retrasar la edad de jubilación, algo que hasta ahora no era compatible con la jubilación activa.
Nuevos incentivos para retrasar la jubilación
Otro de los cambios afecta a la jubilación demorada, que consiste en posponer el acceso a la pensión más allá de la edad legal para obtener una recompensa económica. A partir de abril, quienes opten por esta modalidad recibirán un incentivo adicional del 2% en su pensión por cada seis meses que retrasen su jubilación a partir del segundo año. Hasta ahora, el porcentaje se aplicaba solo por cada año completo.
Este cambio se suma a otras opciones que ya existen desde 2022 para quienes deciden retrasar la jubilación: un aumento del 4% en la pensión por cada año de demora, un pago único o cheque cuya cuantía depende de la base reguladora, o una combinación de ambas.
Con estas medidas, el Gobierno busca acercar la edad efectiva de jubilación, que actualmente está por debajo de la edad legal ordinaria, a los parámetros recomendados en el marco del Pacto de Toledo, que insiste en la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo.
Más margen para anticipar la jubilación parcial
Así, otra de las reformas afectará a la jubilación parcial, ya que a partir de ahora se permitirá compatibilizar parcialmente el trabajo con el cobro de la pensión mediante la figura del trabajador relevista.
Desde el 1 de abril, se ampliará de dos a tres años el margen para adelantar la jubilación respecto a la edad ordinaria, aunque esta opción conlleva ajustes proporcionales en la jornada laboral y en el importe de la pensión.
Asimismo, se endurecen los requisitos para la contratación del relevista, que deberá ser contratado a tiempo completo y de forma indefinida, lo que busca mejorar la estabilidad del empleo vinculado a esta fórmula.
Estas medidas culminan una fase de reformas iniciadas en 2021, centradas en ofrecer nuevas opciones de jubilación que se adapten a la diversidad de trayectorias profesionales y personales. Según las declaraciones de la ministra Elma Saiz, recogidas por la Revista de la Seguridad Social, se trata de “facilitar una jubilación más adaptada a las circunstancias de cada trabajador”, sin imponer un único modelo de jubilación y promoviendo la sostenibilidad del sistema público de pensiones.
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