Entre las medidas presentadas por Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para la reforma de pensiones del año pasado, se encuentra una medida aclamada por todos los trabajadores: la conocida como jubilación parcial, es decir aquella que permite cobrar la pensión mientras se trabaja con jornada reducida y que puede estar vinculado o no a un contrato de relevo. Las reformas aprobadas por el Gobierno el año pasado permiten que se pueda acceder a la jubilación parcial a partir de los 3 años previos a la edad ordinaria, es decir, que permitirá poder acceder a la jubilación parcial desde los 62 años con contrato de relevo.
Hasta ahora, esa medida no se aplicaba para el personal público. Los funcionarios del Estado no podían acogerse a la jubilación parcial, pero pronto podrán. Así lo ha declarado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, esta mañana tras una reunión con los sindicatos CC OO y UGT, los sindicatos firmantes del Acuerdo Macro para una Administración del Siglo XXI.
“De esta forma se da solución al planteamiento de las organizaciones sindicales para garantizar que el personal laboral de las administraciones públicas pueda disfrutar también del acuerdo de jubilación parcial firmado el pasado 18 de diciembre con este Ministerio y que entrará en vigor a partir del próximo 1 de abril”, explican en un comunicado.
La “tasa adicional”
En relación con esta tasa, CC OO y UGT han destacado que “no se aplicaría sobre el porcentaje de tasa de reposición acordado”, lo que permitiría convocar más plazas “y facilitar la aplicación de la jubilación parcial”, manteniendo a personal en sus puestos. Además de incluir esta tasa, en la reunión también se acordó modificar la normativa actual “para garantizar que no se pierda este derecho”.
El objetivo de este adelanto de la edad de jubilación parcial es “que el momento de la jubilación sea menos abrupto y más gradual” algo que ocurre de manera similar en otros países de Europa. Para ello, los trabajadores cercanos a la edad de jubilación podrán reducir su jornada laboral para acceder a la pensión de jubilación, sin que por ello se vea penalizada la cuantía de la pensión cuando llegue el momento de dejar definitivamente la actividad laboral.
Según compartieron los sindicatos a través de un comunicado, este acuerdo es “clave para rejuvenecer las plantillas, disminuir la precariedad y restituir derechos de los trabajadores y trabajadoras de las Administraciones”.
Se trata de una modalidad que en 2012 fue suprimida por el Gobierno de Mariano Rajoy para los trabajadores del sector público y que ahora el Gobierno propone volver a aplicar, equiparando este derecho con el de el resto de trabajadores. De esta manera, la medida favorecería a los funcionarios de todas las Administraciones Públicas, tanto aquellos adscritos al Régimen General de la Seguridad Social como los que pertenecen al Régimen de Clases Pasivas, así como al personal estatutario de los Servicios Públicos de Salud.
Los únicos sin acceso a la jubilación parcial
Hasta ahora, el personal funcionario y estatutario era el único colectivo de personas trabajadoras en España que no podía acceder a la jubilación parcial, a pesar de cotizar como los demás ciudadanos del país. “Este acuerdo corrige una injusticia histórica, derivada de los recortes aprobados en 2012 por el Gobierno del Partido Popular, y amplía las opciones de jubilación de estos trabajadores y trabajadoras, que ahora podrán decidir cómo desvincularse de la Administración Pública en función de su edad y de sus circunstancias personales”, explican los sindicatos.
El encuentro, solicitado por los sindicatos durante semanas, comenzó a media mañana y duró más de dos horas. Durante la reunión, CC OO y UGT lograron que el Gobierno asumiera un compromiso respecto a un aspecto, aunque no se avanzó en la principal demanda: la resolución de la inaplicación de la subida salarial del 0,5% pendiente. A pesar de las presiones, incluida una manifestación de CSIF frente a Hacienda, el Ejecutivo no ofreció avances en este tema, limitándose a señalar que CC OO y UGT han instado al Gobierno a aprobar la subida “lo antes posible”.
Además, los sindicatos han solicitado al Gobierno que apruebe “lo antes posible” la subida salarial del 0,5% pendiente, con efectos retroactivos al 1 de enero de 2024, para el personal público. Sin embargo, han señalado que “aún no nos han dado una fecha” para su aprobación en el Consejo de Ministros.
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